CHILE URGENTE : NO MAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
En Chile,
nuevamente, después de la explosión social del 18 de octubre pasado, « Torturan, violan y matan ». Es de
esta manera, como la cantante chilena Mon Laferte describió la situación del
país, durante la recepción del trofeo Latin Grammy 2019, mostrando la
inscripción de su mensaje de protesta en su torso desnudo. En Chile, « la
violación de los Derechos Humanos es generalizada y sistemática » (A.I), y donde “miembros de la policía nacional (Carabineros) cometieron graves
violaciones de los Derechos Humanos”(H.R.W) . Es así, como las
organizaciones de defensa de Derechos Humanos : Amnesty International y
Human Rigths Watch, en sus respectivos informes, con videos y conferencias de
prensa, condenaron al gobierno por la situación grave en que se encuentra el
país.
El gran
despertar de los chilenos, el 18 de Octubre, condujo el pueblo a la calle, que
con gigantescas marchas de protesta, puso
en cuestión la clase política y la herencia de la dictadura de Pinochet.
Resumido, lo
anteriormente dicho en dos aspectos esenciales, por una parte tenemos que en lo
político se trata de la Constitución que rige el país desde 1980, impuesta en
plena dictadura, y por otra parte, en lo económico, el modelo ultra liberal que
se fue imponiendo desde 1975, cuando Milton Friedman llega a Chile y le entrega
personalmente a Pinochet la receta económica, que el dictador impuso enseguida.
Los « Chicagos Boys », chilenos formados en Estados Unidos, tuvieron
la exclusividad de la aplicación del modelo económico ultra liberal. Fue así,
como el Chile de Pinochet fue un gran laboratorio para experimentar la teoría
del profesor Friedman (premio Nobel de Economía en 1976). Las peores lacras, entre
otras, de este sistema fueron la privatización de la salud y la
educación ; así como la reforma del sistema de pensiones. Este modelo
neoliberal será aplicado después durante la presidencia de Reagan (1981-1989)
en los Estados Unidos, como también en Inglaterra con Madame Thatcher ( 1979-1990)
« la Dama de fierro » y actualmente, en varios países.
El pueblo chileno
vivió, durante 17 años bajo la bota de los militares, con Pinochet a la cabeza
y fue uno de los períodos más negros y sangrientos de la historia del país.
Tragedia que marcó, en lo más profundo, el alma chilena por el hecho de haber
vivido largo tiempo bajo un terrorismo de Estado, con miles de muertos,
desaparecidos, presos políticos, torturados y exiliados. Esta catástrofe humana
fue conocida por el mundo entero.
Después del
período dictatorial, Chile vivió en « democracia protegida » durante
30 años, tal como fue definida por Pinochet, con una clase política que hizo un
pacto secreto con los militares, para abrir un período de transición indefinida
y con un manto de impunidad que protegió a los autores de crímenes de lesa humanidad.
La nueva clase política tuvo como tarea legitimar y profundizar el modelo ultra
liberal y conservar lo esencial de la Constitución de 1980, que pasó a ser una
especie de camisa de fuerza impuesta al pueblo y a los políticos de todo pelaje
que terminaron por acomodarse a ella, como si hubieran sido domesticados.
Este período
de 30 años, produjo una sociedad enormemente desigual, con una marcada
injusticia social ; en la cual una ínfima minoría de poderosos empresarios
controlan y acaparan la riqueza que produce el país. Son estos ultra-ricos que
sobornan a la clase política y a las instituciones del Estado, para que el
modelo económico no cambie y siga creando desigualdad. La corrupción y los
fraudes tributarios son una variable constante, fenómeno que ha llegado a
convertirse en una banalidad con uniformados de alto rango de la FF AA y
Carabineros, procesados por la justicia.
Las clases
medias han podido sobrevivir gracias al endeudamiento creado por un sistema de
tarjetas de créditos para comprar remedios, vestuarios y cubrir los gastos de
alimentación. Los estudiantes que pueden hacer estudios universitarios quedan
endeudados por décadas, tanto ellos como sus familiares. Los jubilados
sobreviven con pensiones muy modestas y miserables. Se estima, según los
últimos estudios de la "Fundación Sol", que hay un 50% de pensionados
del año 2018 que reciben una pensión cercana a los 50.000 pesos (60 euros). Y como las pensiones son tan bajas, el Estado debe dar un complemento, el famoso "aporte previsional solidario" (APS). Y aún así, las pensiones están lejos de llegar al monto del salario mínimo, de 301 mil pesos (360 Euros).
Y la mayoría
de los chilenos, las clases desfavorecidas estaban sofocándose, viviendo en una
sociedad desigual con una gran injustica social desde mucho tiempo. Los 30
pesos de aumento del boleto del metro, fue la gota de agua que rebalsó el vaso.
Los estudiantes se declararon en rebelión y prendieron la mecha del estallido
social, tal como se produjo en Francia, el 17 de noviembre 2018, debido al
aumento del precio de la bencina y que hizo aparecer el movimiento de los
Chalecos Amarillos, que todavía continúa manifestándose.
La crisis.
El
presidente Piñera no escuchó y se negó a satisfacer las demandas legítimas de
los estudiantes y del movimiento social. La responsabilidad, respecto de las
exacciones, de la violencia ejercida por el aparato represivo del Estado, recae
directamente en él. Con una ceguera política increíble, su respuesta fue categórica,
al declarar que «Estamos en guerra contra un enemigo
poderoso... » y para ganar su « guerra » decretó el estado
de urgencia, el toque de queda y puso a las fuerzas armadas, ahora nuevamente, en
las calles.
Es probable
que la familia Piñera tenga aún impregnado en sus genes, el "virus
dictatorial". El presidente Sebastián Piñera defendió ardientemente al
dictador Pinochet cuando estaba detenido en Londres en 1998 ; su tío, el
ex obispo de la Araucanía, Bernardino Piñera viajó a Italia para defender al
Fiscal Militar Alfonso Podlech, acusado de la desaparición de un ciudadano ítalo-chileno ;
su hermano José Piñera fue ministro del trabajo de Pinochet y el responsable de
la reforma del sistema de pensiones por capitalización. La familia Piñera jugó,
entonces, un papel importante en la dictadura de Pinochet. El presidente se
hizo rico durante la dictadura y en la actualidad figura en la categoría de los
ultra-ricos de Chile, según lo atesta el ranking Forbes 2019.
Hoy, los jóvenes
estudiantes liceanos chilenos, de nuevo salen a protestar con la rabia y la rebeldía propia de la
juventud que da un enorme salto, en la toma de
consciencia política. Ellos no tienen miedo, son valientes ;
tuvieron la suerte de no haber conocido la negra y siniestra represión de los
años de plomo de la dictadura de Pinochet. Son estos jóvenes los que han pagado
y siguen pagando el alto precio de la brutal represión del gobierno de Piñera,
el actual presidente sabe lo que ha sido la violación de los Derechos Humanos.
En este
accionar represivo, durante las primeras semanas del estallido, se han
producido innumerables violaciones a los Derechos fundamentales por parte de
las fuerzas policiales y militares. La presión social y aquella de las
organizaciones internacionales de Derechos humanos - en el país - obligó al
gobierno a levantar el estado de emergencia y a devolver a los militares a los
cuarteles. Y al mismo tiempo, inició una serie de maniobras con la clase
política para hacer aprobar un "Acuerdo por la paz y una nueva
Constitución ", lanzando un proceso de discusión en cabildos y asambleas.
Todo ello, con la finalidad de apagar el estallido social, pero manteniendo la
represión en un alto nivel.
La represión.
Resumen.cl Cambio21.cl
En Chile y en las décadas precedentes, las
movilizaciones por demandas territoriales del pueblo mapuche, fueron
criminalizadas y reprimidas con bastante brutalidad, ocupando, incluso, de
manera permanente el territorio de sus comunidades. Una policía militarizada y especializada fue
creada y perfeccionada en Colombia (Comando Jungla) con armamento y material
moderno. En su desempeño, estas fuerzas policiales han violado sistemáticamente
los derechos humanos, con un resultado trágico de varios mapuches asesinados, varias
decenas de presos políticos mapuches en proceso y/o condenados y el territorio
de las comunidades ocupado, sufriendo un asedio constante.
Asimismo, el
movimiento estudiantil chileno ya se había expresado anteriormente. En el año
2006, fueron los liceanos quienes salieron a protestar, en lo que se
llamó : la "rebelión de los Pinguinos " (en alusión al uniforme
azul) durante el gobierno de la presidenta Bachelet . Posteriormente, en
el 2011, en el primer gobierno de Piñera, fueron los estudiantes universitarios
quienes salieron a protestar en contra del sistema educacional, denunciando
entre otros, el costo financiero excesivo para estudiar. Estas protestas
estudiantiles, no fueron escuchadas por los gobiernos de turno, fueron
reprimidas ferozmente. El movimiento feminista, por su parte, hizo una
demostración de fuerza inédita el 8 de marzo pasado, pero nadie pensó que, todo
ello, sería la alerta social que anunciaba, desde ya, lo que vendría, el
surgimiento de un inédito movimiento social el histórico 18 de octubre 2019.
Hoy, en esta
nueva situación, las fuerzas especiales de Carabineros (FFEE) han tenido un
papel preponderante en la represión del movimiento social cuyas principales
expresiones de protesta han sido las manifestaciones persistentes y masivas tanto
en Santiago como en regiones, desde hace más de 50 días.
VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS DURANTE EL ESTALLIDO.
Estas, han
adquirido un nivel similar a aquel sufrido durante la dictadura militar. Muchos
están sorprendidos pues creían que los métodos represivos o "protocolos"
de la policía, estaban superados por el tiempo transcurrido. La realidad es
otra, pues ella ha mostrado una situación catastrófica y grave descrita por las
organizaciones de Derechos humanos nacionales e internacionales, quienes
actualmente están investigando las exacciones cometidas por las fuerzas
policiales y militares. Informes abrumadores e importantes datos fueron dados a
conocer por Amnesty International, Human Rights Watch, la Cruz Roja
Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro informe de
la ONU es esperado en las semanas siguientes. Una institución chilena, en
teoría, autónoma e independiente de los poderes del Estado, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH), está emitiendo informes regulares sobre
sus investigaciones.
Estos
informes tienen en común la constatación del ejercicio de la violencia desmedida,
brutal, aunque para HRW y el INDH esta no es sistemática, como bien, lo ha
definido Amnesty International y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Los datos entregados por el INDH igualmente fueron puestos en cuestión,
hace dos semanas, por la Cruz Roja Internacional, quien señaló que las cifras
entregadas por este Instituto eran inferiores a aquellas entregadas por el
organismo internacional.
Todo ello, hasta
el 6 de diciembre de 2019, ha traído como
resultado 26 víctimas mortales, de
las cuales 7 lo habrían sido por agentes del Estado, 352 personas con daños oculares. De ellas, 331 presentan traumas en
sus ojos, 21 sufrieron el estallido o pérdida del globo ocular. Un estudiante,
Gustavo Gatica y una mujer, Fabiola Campillay, perdieron la visión de los dos ojos,
por disparos de cartuchos conteniendo perdigones y de granadas lacrimógenas sobre
el rostro de los manifestantes. La barbarie y el salvajismo de los carabineros
y el ejército chileno es incalificable.
Según la
Fiscalía Nacional, 35.292 personas han sido llevadas a Audiencias de Control de Detención (ACD), por diversos delitos, entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre. El total de personas formalizadas
es de 23.449, de
ellas 2.537 en prisión preventiva (sentencias
de tribunales). El INDH señala 1.383 "vulneraciones"
incluyendo torturas, uso excesivo de la fuerza. De ellas, 192 son casos de violencias sexuales (la mayoría mujeres). La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló 12.652 personas heridas atendidas en servicios de urgencia y el
INDH constató en hospitales 3.449
personas heridas.
En el caso
de las lesiones oculares, Chile ha batido el triste record en el planeta, pues
ni siquiera, en otros países con conflictos similares se ha alcanzado esa cifra
(en Francia hay 23 casos de pérdidas de ojos). El número de personas torturadas
es igualmente alarmante y ello determina el carácter sistemático de las
exacciones infligidas por la policía en las comisarías, en locales de estaciones
del metro y en la calle, como lo señalan testigos y personas que han podido
filmar. La CIDH indica que recibió denuncias de exacciones cometidas en la
población Lo Hermida : de allanamientos violentos, destrucción de casas,
detenciones ilegales, obstrucción a la justicia y torturas en la comisaría del
sector. La Fiscalía Nacional, por su parte, ha abierto 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad. De
ellas, 422 son niños, niñas o
adolescentes.
Estos datos
cubren solamente un mes del accionar represivo de las fuerzas policiales y las
informaciones sobre los detenidos no han sido obtenidas fácilmente. En varias
comisarías de Santiago han negado, sin justificación, la información a las
instituciones de Derechos humanos.
Las recomendaciones de las instituciones son
diversas y van desde revisar las facultades de detención por control de
identidad, investigar y sancionar a los responsables de las exacciones, "reformar"
la institución de Carabineros hasta cambiar el tipo de armas y de municiones
utilizadas para enfrentar a los manifestantes. Pero, estas siguen siendo utilizadas, a pesar
de la recomendación como es el caso de los balines con perdigones y la utilización
de gas pimienta y de agua contaminada químicamente.
Como
respuesta a esta crisis, el gobierno y sus parlamentarios adictos tratan de
conseguir en el Parlamento la aprobación de una serie de leyes liberticidas que
conculcan el derecho a manifestar, de reunión (leyes anti-saqueos,
anti-barricadas, anti-encapuchados, anti-tomas). A esto se agrega, otro
proyecto de ley, con la intención de utilizar las fuerzas armadas en la
represión con el argumento de "proteger la infraestructura crítica". La CIDH recuerda al gobierno "que de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles". En síntesis, esta adición de leyes y proyectos de leyes están configurando un estado policial, antesala de dictadura, donde las libertades esenciales son conculcadas y el ejercicio de los
derechos humanos queda reducido al estricto mínimo. Estas leyes han sido aprobadas,
rápidamente por la mayoría presidencial y con la particularidad de contar con
los votos de mayoría de diputados de "izquierda". Solo una parte ínfima de estos últimos,
votaron contra. El país ha, bien, cambiado …
Para
acentuar, aún más, este marco represivo el Presidente, por una parte, ha hecho
un llamado internacional a la asistencia técnica para la represión, a los
países de Francia, Inglaterra y España. Es importante señalar que hace poco
tiempo, el gobierno solicitó el mismo tipo de demanda a Colombia, quien contribuyó
a formar un dispositivo que se distinguió netamente en la represión de las
comunidades mapuche en Araucanía, el famoso "Comando Jungla". Francia,
por declaraciones recientes, se negó a procurarla. Y por otra parte, el
gobierno viene de hacer un bello regalo de Navidad al destacamento represivo de
Carabineros, con la adquisición de material bélico moderno.
Hasta el
momento, el gobierno haciendo caso omiso de las obligaciones de los tratados
internacionales, que Chile ha ratificado y que debe respetar sobre las
violaciones de Derechos Humanos, ha rechazado el informe de Amnesty
International y Carabineros ha rechazado el informe de Human Rights Watch, no
acatando las recomendaciones de éstos y limitándose a promesas vagas sobre una
eventual de "reforma" de Carabineros y un "mejoramiento de
protocolos". No es un problema de
jerarquía institucional, ni de métodos. El problema es de fondo, de lo
que se trata es de suprimir la actual institución y crear otra redefiniendo su
rol en la sociedad. Hoy, la represión continúa con múltiples casos de violaciones
sistemáticas de Derechos humanos, pero ahora, respaldadas por las leyes
liberticidas recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados.
Se hace
imprescindible, para efectuar estos cambios profundos y otras materias que
tienen incidencia en los Derechos Humanos, una Nueva Constitución, pero que sea
realmente democrática tanto en contenido como en el mecanismo de definirla. Es
el pueblo soberano que deberá ponerla en práctica.
Carlos López Fuentes / Héctor Zavala Leiva.
Collectif Droits de l'Homme au Chili (France)
10 de diciembre de 2019
