LA GROTESCA Y TRISTE EXPLICACION DE UN EX PRESIDENTE CHILENO SOBRE LA
IMPUNIDAD.
Carta respuesta del Ex Presidente Lagos al semanario El Siglo.
Lagos recibe las conclusiones de la Mesa de diálogo.
Los datos entregados fueron mínimos y se comprobó
ulteriormente que una parte de ellos eran falsos.
Carta respuesta del Ex Presidente Lagos al semanario El Siglo.
Los datos entregados fueron mínimos y se comprobó
ulteriormente que una parte de ellos eran falsos.
Hacemos pública nuestra opinión
sobre la respuesta del Ex-Presidente Ricardo Lagos a un artículo publicado en
el diario El Siglo el pasado 19 de junio titulado "¿La última batalla?".
Dicho artículo hace referencia a la Huelga de hambre que los Ex presos
políticos de la dictadura cívico-militar están efectuando en estos momentos,
desde hace 76 días (en Punta Arenas), para, según sus palabras, "insistir
en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes".
Es sorprendente la ligereza y la
falta de consideración con que el Ex Presidente reconoce después de tantos años
que los Ex presos políticos se movilizan para exigir solución a sus problemas
pendientes, pues los sucesivos gobiernos civiles, incluido el de su propia gestión, han hecho gala de un raro
desprecio hacia ellos. En repetidas ocasiones se han hecho llegar a las
autoridades cartas, peticiones, exigencias que nunca han tenido respuestas y en
otros casos han dilatado las “negociaciones” que nunca han concluido en
acuerdos. Ello explica el surgimiento de la iniciativa de la Huelga de hambre,
del 13 de abril 2015, que contó con más de 115 participantes y efectuada en más
de 16 ciudades del país.
En
síntesis, las diferentes iniciativas realizadas en este último período por las
autoridades del Estado, en los planos de la Verdad, la Justicia, la Memoria y la
Reparación, han sido insuficientes y no han correspondido a lo estipulado en las
normas internacionales en la materia, principalmente, en los diferentes puntos
enumerados a continuación:
Los ex Presos Políticos no reconocidos.- Aún hay 22000
personas que no fueron calificadas como Ex Presos políticos por la instancia
competente. Este punto, entre otros, es una de las reivindicaciones de los
participantes en la Huelga de hambre.
Justicia a medias y parcial, mantiene la
impunidad.- Si bien, nuevos procesos judiciales han sido
establecidos contra los violadores de Derechos humanos, lamentablemente el
número de militares y civiles condenados no corresponde a lo esperado y
constatamos que sus condenas son irrisorias debido a la aplicación de la media prescripción por los tribunales de
Justicia, al hecho que no existe una jurisprudencia en las
decisiones judiciales y la utilización del argumento de supuestas "razones médico-humanitarias". Un
ejemplo que ilustra bien lo señalado es la reciente otorgación de la libertad condicional
a uno de los responsables de los horrorosos y bestiales asesinatos de los
profesionales Manuel Guerrero Ceballos,
José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nattino Allende, hecho ocurrido en marzo
de 1985. Esta decisión del Ministerio de Justicia infringe gravemente las
normas internacionales, pues estos crímenes no son “delitos comunes” y no son
susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción y deben
ser castigados por el Estado, con todo el rigor de la ley.
La Impunidad con mayúsculas.- La ley
de amnistía de 1978, que favorece a los militares
responsables de exacciones, no ha sido abrogada, perpetuando así una
intolerable situación de impunidad. Amnesty International en su informe anual en
febrero de 2015, ha insistido una vez más en la derogación de esta ley.
Las instituciones de fuerzas armadas siguen con
la omerta.- Las escasas informaciones entregadas por los
militares en la denominada “Mesa de Diálogo” en enero de 2001, no han permitido
encontrar los cuerpos de los Detenidos desaparecidos. Los datos entregados
fueron mínimos y se comprobó ulteriormente que una parte de ellos eran falsos.
Entonces, no correspondía alabar “el coraje y la valentía de las Fuerzas
armadas”, como lo hizo el señor Ex-presidente en su mensaje al país, en ese
entonces.
Presos políticos, torturados (Mapuches) y exilio
forzado en “democracia”.- La existencia de prisión política y torturas en
Chile, todavía, es un hecho indiscutible y ello está demostrado por el
encarcelamiento de chilenos y mapuches (caso Berkoff y comuneros mapuches). Por
otra parte, los prisioneros políticos fugados
de las prisiones (año 1990) y otros, condenados a largas penas de exilio están
en la imposibilidad, por decisión de la justicia, de volver al país.
El Estado
chileno viola las normas internacionales.- El informe Valech en sus recomendaciones, hizo proposiciones sobre la
reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración
por el señor Ex-Presidente, ni por sus sucesores. La no conformidad del Estado
chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es inaceptable y la
explicación dada por el Ex-Presidente chileno (esta reparación es
"modesta" e "insignificante", pues nuestro país es
"insignificante") no estuvo a la altura de las expectativas, ni de su
investidura. Es vergonzoso que este Estado continúe a entregar una
indemnización "anti-stress"
a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de
la venta del cobre a la Fuerzas Armadas. Este era otro punto de la lista de
demandas de los huelguistas.
El Ex-Presidente Lagos, en su carta respuesta a El Siglo, hace una serie de
precisiones sobre su rol jugado en el establecimiento del secreto por cincuenta
años de los antecedentes recibidos por la Comisión Valech. Lagos señala que no
negoció "secretamente" con el General Cheyre en la época, el mismo
que ahora comparece delante de la justicia, por su vinculación en el caso de la
“Caravana de la Muerte”; acusado de torturas, por ex presos políticos de La
Serena. Lagos precisa que la razón de la reserva de confidencialidad en el
Decreto (no una ley) que crea al Comisión Valech, fue la intención de
garantizar un secreto de treinta años a las denuncias y testimonios entregados.
Y que si la persona no quería mantener el secreto, bastaba que simplemente
declarara públicamente lo dicho a la Comisión o fuera directamente a hacer la
misma declaración a los tribunales.
Juan Emilio Cheyre recibe una espada de manos
del Ex presidente
Ricardo Lagos, durante su nombramiento como comandante en jefe del
Ejército de Chile-AP. Cheyre, actualmente, comparece ante la justicia
por su vinculación en el caso de la "Caravana de la muerte".
Ricardo Lagos, durante su nombramiento como comandante en jefe del
Ejército de Chile-AP. Cheyre, actualmente, comparece ante la justicia
por su vinculación en el caso de la "Caravana de la muerte".
Y finalmente explica por qué los treinta años al final fueron cincuenta
años. El cambio fue creado por el impacto, según él, que los argumentos de una
mujer produjeron en su decisión inicial. Ella le señaló el sufrimiento de una
serie de vejámenes y que no deseaba que sus nietos conocieran las atrocidades
sufridas y le solicitó extender la privacidad de su declaración por cincuenta
años. El Ex-Presidente recapacitó y fue así como el cambio se produjo. Una
burda justificación de la impunidad, con una argumentación muy débil y muy poco
creíble.
Sin menospreciar la importancia del caso de la solicitante, pensamos que la
decisión de imponer y extender el secreto a las denuncias atenta contra las
normas internacionales de Justicia y en los hechos ampara y ha amparado a los
criminales quienes terminan sus existencias libres de toda responsabilidad y sin
ser juzgados. Prueba de ello, es por ejemplo la reciente muerte del senador Sergio
Diez, de Renovación Nacional y ex embajador de la dictadura en las Naciones
Unidas; que nunca fue amonestado por la justicia. Como también la larga y lenta
tramitación de un proyecto de ley que duerme en el Parlamento, destinado a
levantar dicho secreto de 50 años.
Todos sabemos que no es fácil obtener justicia en nuestro país. A pesar de
los arrepentimientos y mea culpas de las autoridades, desde el comienzo de la
dictadura, existió la decisión de negar la Justicia y de cerrar definitivamente
las demandas. Numerosas han sido las tentativas para "dar vuelta la
página", sobre todo, durante los gobiernos civiles. Es por ello que su
"consejo" de hacer la misma declaración, hecha a la Comisión Valech, en los tribunales es inaceptable. El hecho que
muchos de los testigos ya han fallecido, que los demandantes ya sobrepasan los
70 años y el impedimento por decreto para conocer a los victimarios demuestran,
claramente, la dificultad de obtener justicia.
Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando
las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con
transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el país hoy día.
Esta dimensión ética también podría contribuir a la toma de decisiones
desligadas de un contexto de corrupción generalizada.
Como el señor Ex-Presidente Lagos lo señaló en ocasiones anteriores,
pensamos que para nunca más revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás
debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la
búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación deben continuar.
Y haciendo referencia a los Ex Prisioneros políticos en Huelga de hambre,
consideramos que la dignidad debe ser restituida a todos aquellos que resistieron
y que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras
de la dictadura militar.
No es éste el país soñado, por el cual muchos chilenos ofrendaron su
juventud, sus anhelos y sus vidas.
Héctor Zavala Leiva - Carlos López Fuentes
Collectif
pour les Droits de l'Homme au Chili (France)
París, 16
de julio de 2015.
