Camilo Catrillanca no es el único: los mapuches asesinados en democracia

Diario UChile.   Jueves 15 de noviembre 2018

Desde el gobierno de Ricardo Lagos, los crímenes contra el pueblo mapuche han dejado varias víctimas fatales. Los casos de Alex Lemun o Matías Catrileo se han transformado en verdaderas banderas de lucha para este pueblo originario.

El asesinato de Camilo Catrillanca no es un caso aislado en democracia, pues los mapuches muertos en manos de terceros suman decenas desde el periodo en que Ricardo Lagos asumió la presidencia del país, cuyo inicio fue el 11 de marzo de 2000.

Ya en julio del año 2002, los hermanos Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian morían asesinados en un proceso de recuperación de tierras. Decenas de colonos de la zona habrían cometido el crimen.

Meses después, el cuerpo sin vida de Jorge Antonio Suárez Marihuan aparecía, un 11 de diciembre, en la ribera del río Queuco. Según el informe forense, el deceso fue provocado por lesiones de terceros. De acuerdo con la familia de la víctima, un agente policial no identificado habría pagado a colonos del sector para eliminar al comunero, en represalia por sus constantes participaciones en recuperaciones de tierra.

El 12 de noviembre del 2002 fallecería quien se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha del pueblo mapuche. Alex Lemun Saavedra tenía solo 17 años. Durante una recuperación de tierras, fue impactado por una bala disparada por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer. El joven mapuche agonizó cinco días.

El año 2004, Julio Alberto Huentecura Llancaleo murió en la ex Penitenciaria de Santiago, víctima de una puñalada de otro reo, un reo común, y he ahí el problema: el comunero mapuche jamás debió estar preso junto a reos comunes, pues había sido procesado en el marco del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a prisión política en el sur de Chile.

Zenén Alfonso Díaz Nécul, joven mapuche de 16 años, murió atropellado en Puerto Montt el año 2005, cuando un camión forestal pasó un corte de carretera y lo embistió hasta quitarle la vida.

La madrugada del 3 de septiembre del 2005, fue José Gerardo Huenante Huenante quien cayó. El joven mapuche de 16 años fue subido a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Hasta hoy se desconoce su paradero.

Juan Collihuin Catril, de 71 años, murió en su domicilio el año 2006, cerca de Nueva Imperial, luego de un allanamiento que fue considerado irregular por no contar con la autorización correspondiente. La víctima sufrió un impacto de bala disparada por el sargento Juan Mariman.

Bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, ocurrió otro de los casos simbólicos que han marcado el conflicto mapuche los últimos años. Se trata del asesinato de Matías Catrileo Quezada, quien fue baleado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez. Los hechos sucedieron durante la toma del Predio Santa Margarita, el 3 de enero del 2008.

Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, después de recibir una brutal golpiza por parte de carabineros de la 26° Comisaría de Pudahuel.

El 12 de agosto del 2009, Jaime Facundo Mendoza Collío es asesinado tras la toma del fundo San Sebastián, comuna de Ercilla. Fue el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quien le disparó por la espalda alegando legítima defensa. Para demostrar aquello, se escudó en impactos de balines que tenía su chaleco antibalas, sin embargo, el posterior peritaje del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones demostró que los impactos eran posteriores a la fecha del asesinato.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera es asesinado Rodrigo Melinao Lican. El joven fue encontrado muerto la madrugada del 6 de agosto del 2013. Fue ultimado con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax.

Mientras Michelle Bachelet ejercía su segundo mandato, es asesinado José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. El primero de octubre del 2014 fue atropellado intencionalmente por un tractor en el fundo Nilpe, comuna de Galvarino.

El 29 de octubre del 2014, Víctor Manuel Mendoza Collo, primo de Jaime Mendoza Collio, falleció después que dos sujetos no identificados entraran a su casa y le dispararan en el tórax, frente a su hija de seis años de edad.

El historial de violencia contra el pueblo mapuche no es una novedad en nuestro país. El asesinato de Camilo Catrillanca es una de las tantas manifestaciones fatales de una política de Estado que ha sido condenada por diversos organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional.

Chile - Comando Jungla mata con un balazo a comunero mapuche

Diario Uchile

  Jueves 15 de noviembre 2018 

Durante la mañana de este jueves, en tanto, se registraron diversos enfrentamientos entre comuneros y Fuerzas Policiales. Se espera que durante esta jornada, la ministra Cecilia Pérez visite la región de La Araucanía.

Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, murió luego de recibir un disparo de Carabineros. Esto, tras de un operativo que la institución realizó en la comunidad de Temucuicui, Ercilla, Región de la Araucanía.

Según fuentes de la investigación, pasada las 16:00 horas, un grupo de encapuchados habrían robado tres vehículos en el sector de Pidima, ante lo cual, Carabineros actuó.

Específicamente habría sido el llamado Comando Jungla quien ingresó a la zona disparando a quienes se encontraban en el lugar.

Así lo dijo el werken Jorge Huenchullan a Radio Cooperativa: “Nos han dicho que un comunero está herido de bala. Está en la posta de Ercilla. Carabineros le disparó a mansalva a varias personas, uno de ellos está herido”, precisó el comunero.

Huenchullan informó que al menos unos 200 uniformados están al interior de la comunidad: policías a pie, en tanques blindados y sobrevolando el territorio.

El comando Jungla, ellos son los que han ingresado a la comunidad”, sentenció Huenchullán.

Durante la mañana de este jueves, en tanto, se registraron diversos enfrentamientos entre comuneros y Fuerzas Policiales. Además, un incendio destruyó una iglesia en la provincia de Malleco.

Se espera que durante la jornada, la ministra Cecilia Pérez visite la región de La Araucanía.

Sobre impunidad y "ajusticiamientos"

Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 12 de noviembre 2018

El crimen político es tan antiguo como la historia misma de la Humanidad y representa una acción muchas veces deleznable, pero en otros casos hasta es considerada necesaria y heroica. Los códigos de conducta moral hasta legitiman los magnicidios cuando éstos tienen el propósito de un bien social mayor. Hay que reconocer que la violencia ha acompañado, para bien y para mal, todas las grandes transformaciones y que, en muchas oportunidades, quienes la han ejercido reciben posteriormente el título de héroes, patriotas o libertadores.

Bolívar, San Martín, Sucre y O’Higgins, entre tantos otros, jamás han recibido el título de terroristas por haber ejercido la guerra contra los ocupadores europeos de nuestros territorios. Por haber tomado las armas, pero muchas veces, también, provocado sangrientas emboscadas, juicios sumarios y diversos actos luctuosos para eliminar a sus enemigos. No hay movimiento de liberación en el mundo en que las armas no hayan jugado un papel fundamental y tanto en América y los demás continentes los rebeldes han terminado en los altares de nuestras correspondientes patrias, culturas y civilizaciones.

En ningún caso se trata de hacer una apología de la violencia; solo consignar lo que se ha comprobado con creces. Lo que hoy rechaza el mundo son las acciones de violencia ejercidas por quienes se rebelan contra el orden legítimamente constituido. De allí que un alzamiento como el de Pinochet en 1973 haya recibido el repudio universal y el bombardeo a La Moneda y el magnicidio de Salvador Allende representen el acto terrorista más repugnante de la historia de Chile y de nuestra Región.

De lo anterior es que al término de la dictadura pinochetista se imponía esclarecer los hechos, identificara los violadores de los Derechos Humanos, condenar a los culpables y reparar a las víctimas de la represión. Sin embargo, los gobiernos que siguieron al de Pinochet solo se propusieron lo del ex presidente Patricio Aylwin: “hacer justicia solo en la medida de lo posible”. De allí es que la impunidad se haya hecho tan extendida e, incluso, en el caso mismo del mismo Dictador, de quien se abortara la posibilidad de haberlo condenado a cumplir una ejemplar sentencia internacional. Para colmo, bajo la promesa de juzgarlo en nuestro país, engañando con esta promesa al gobierno inglés que finalmente lo liberó.

Después de varias décadas, salvo los militares recluidos en el cómodo penal de Punta Peuco, lo cierto es que la gran mayoría de los victimarios están libres y mantenido sus rangos castrenses. Renuentes hasta hoy a colaborar con las investigaciones judiciales, reconocer el paradero de los detenidos desaparecidos, mientras van ascendiendo posiciones, además, en su carrera militar, especialmente en el Ejército. En posición de todos sus grados y charreteras, millonarias pensiones y otra serie de privilegios propios de la casta nacional uniformada.

Asimismo, los civiles que instigaron el Golpe de Estado, que ocuparon altos cargos en el gobierno de Pinochet y se enriquecieron al abrigo de la Dictadura no han tenido sanción alguna. Como en el caso de Julio Ponce Lerou, han seguido favoreciéndose, incluso, de los sucesivos gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera. Recurriendo, también, al soborno transversal de los legisladores y partidos políticos para conseguir su cometido y salvar de la Justicia como golpistas y ladrones.

Como se sabe, Jaime Guzmán Errázuriz, el fundador de la ultraderechista UDI, fue elegido senador de la República gracias a un sistema electoral binominal reconocido como profundamente antidemocrático. Fue premiado por la posdictadura, al igual que otros, con un alto cargo público y hasta su muerte no había recibido rasguño alguno como uno de los grandes promotores del alzamiento militar. Lo que le permitió convertirse después en el gran autor de la Constitución espuria de 1980 que hasta hoy nos rige. Consolidando un pretendido “estado de derecho democrático”, el que a diario es proclamado como tal por los pinochestistas, las colectividades de la derecha y de la autodenominada centro izquierda.

El extinto senador Guzmán no fue requerido por tribunal alguno y luego de muchos años de impunidad resultó “ajusticiado” por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en uno de sus actos más reconocidos por su eficiencia y sentido político, después de que le fracasaran otras acciones como el frustrado atentado contra el propio Dictador. La víctima encarnada mejor que nadie el ideario y los despropósitos consolidados el 11 de septiembre de 1973, pero también los esfuerzos y logros de la derecha, los grandes empresarios y los Estados Unidos por seducir a los partidos y movimientos opositores que finalmente se allanaron a una salida “pacífica” . En la que debía sacralizarse el sistema institucional todavía vigente, el modelo económico neoliberal y se cometerían todos los esfuerzos para que el golpismo y sus secuaces resultaran sin mácula social, juicio y sentencia. Gracias, también, a la ley de amnistía de Pinochet como a los jueces cómplices y abyectos que continuaron en sus cargos con la complacencia de los nuevos gobiernos.

Pero todo esto hasta que el juez español Baltasar Garzón, y la detención en Londres del Tirano, le corrieron el velo a los acuerdos cívico militares y generaron una ola de protesta nacional que finalmente sacó de su letargo, o les confirió ánimo, a los jueces dignos, que llevaron a la cárcel a los principales agentes de la siniestra Dina. Pero en ningún caso a los civiles como Jaime Guzmán, como a los que siguen protegidos por la CIA después de haber ejercitado el terrorismo de estado.

Es imposible conciliar posiciones sobre el uso de la violencia política y la existencia de fenómenos como los llamados ajusticiamientos que han recorrido, insistimos, toda nuestra historia. Como aquel atentado, por ejemplo, contra el reconocido autor de nuestra institucionalidad pos Emancipación: Diego Portales. Para muchos, el constructor de nuestra primera República que, de democrática, en realidad, tenía bien poco, tal como hoy sucede.

Lo que no se puede obviar es que el crimen de Jaime Guzmán tiene base en la impunidad que lo favoreció. A esta altura, es innegable que en el pueblo chileno el ánimo de venganza simplemente no ha existido, o ha sido demasiado circunstancial en comparación a otros desenlaces políticos del mundo y de nuestra región. Por el contrario, cuando tantos familiares de ejecutados y víctimas de la tortura mueren en la desesperanza. Sin recibir justicia y reparación, además de haber recibido los consabidos portazos de las autoridades, como el mismo desdén de las agrupaciones políticas que antes los indujeron a perder la vida, la libertad y el derecho a vivir en su país como ex combatientes.

Quienes hoy vociferan contra la decisión francesa de otorgarle el asilo político al autor del atentado contra Guzmán, ojalá entiendan que la impunidad es la que siempre alimenta la comisión de justicia por mano propia. Una prolongada ausencia de justicia que además comprueba las sospechas que hoy merece nuestro “estado de derecho”, cuanto la falta de independencia de muchos de nuestros jueces y tribunales. A lo que se puede agregar la falta de voluntad de nuestra clase política de contribuir a la verdad de los terribles episodios represivos fomentados por quienes en su hora fueron hasta Londres a solidarizar con Pinochet y exigir su liberación, y hoy están airados por la protección francesa a un autentico disidente de la Dictadura.

Si hasta hoy Europa persigue a los autores del genocidio fascista y a los criminales de guerra, ¿por qué sus gobiernos democráticos tendrían que hacerse cómplices de las horrendas dictaduras cívico militares vividas por nuestros países? ¿Es que nuestro “estado de derecho” garantiza la justicia, cuando Pinochet fue sepultado hasta con honores militares y políticos gracias al consentimiento de quienes antes habían sido sus opositores? ¿Y su herencia sigue tan presente en toda nuestra institucionalidad?

Juan Pablo Cárdenas ( Periodista, ex creador y Director de la Radio Universidad de Chile).

Abogado de Palma Salamanca acusó "grave ignorancia" de Chadwick

Abogado de Palma Salamanca acusó "grave ignorancia" de Chadwick

 Sabado, 3 de Noviembre de 2018 

Autor: Cooperativa.cl

Alberto Espinoza aseguró que la responsabilidad penal del ex frentista, fugado en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad, ya "está extinguida".

Sophie Thonon, especialista en derecho internacional, ve "imposible" que Francia revoque el asilo político "a pedido de Chile".

El abogado de Ricardo Palma Salamanca en Chile, Alberto Espinoza, acusó "ignorancia" del Gobierno respecto al caso del ex frentista, a quien Francia concedió asilo político la pasada jornada, pese a que, en paralelo, enfrenta una solicitud de extradición.

El Ejecutivo chileno -que pedirá revocar esta protección- busca, mediante el juicio de extradición, que Palma Salamanca retorne al país para responder por su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Frente a eso, Espinoza aseguró que hay "una grave ignorancia en las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque se habla de que esta solicitud de extradición es para hacerle cumplir una pena".

Sin embargo, apuntó, "las penas prescriben; es decir, la prescripción de la pena es una institución que está asociada al transcurso del tiempo, en virtud del cual se extingue la responsabilidad penal".

En esa línea, el letrado explicó que "desde que Palma Salamanca eludió esta persecución penal, cuando se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, a la fecha que es requerido por la vía de la extradición, han pasado más de 20 años, de manera que esa persecución penal está extinguida".

Experta descarta que se revoque asilo político

El ministro del Interior reaccionó ayer tras conocerse la decisión del Estado francés y adelantó que manifestarán su "desacuerdo total" y pedirán revocar la medida, además de remarcar que el asilo otorgado contraviene las normas de la Convención de Ginebra sobre asilo y protección, pues -afirmó- la condena por el asesinato de Jaime Guzmán se otorgó bajo un estado democrático y de derecho.

La abogada Sophie Thonon, especialista en derecho internacional y asilo político, detalló que éste se otorga luego de una serie de entrevistas en profundidad que permitan establecer la condición de perseguido político.

"La persona tiene que presentar pruebas precisas de esa persecución política o religiosa. No puede solamente decir 'yo pertenezco a tal minoría, entonces estoy perseguido'. Hay que entregar elementos concretos y precisos", sostuvo.

Afirmó, además, que desde ahora "la única instancia posible para Chile es el pedido de extradición, que se le retire (el asilo) a pedido de Chile es imposible a nivel de procedimiento".

"Lo que sí puede pasar es que haya habido un error al momento de identificar a la persona perseguida, pero por un problema de procedimiento, pero el Gobierno chileno no puede intervenir ahí, no tiene lugar para intervenir, no tiene base procedural", dijo la experta, que agregó que no conoce ningún caso en que el Estado francés haya extraditado a una persona con el estatus de asilado político.

PC apunta al contexto histórico

Por su parte, el dirigente del Partido Comunista Juan Andrés Lagos apuntó al contexto histórico en que ocurrió el asesinato de Jaime Guzmán, en 1991, por el que fue condenado Palma Salamanca.

"Este crimen se cometió en momentos en que en Chile no existían las condiciones de haber quitado el poder a quienes lo tuvieron en la dictadura, y Pinochet era comandante en jefe del Ejército; son antecedentes históricos reales", subrayó.

Acusó también que, "de nuevo, la derecha toma esta peligrosa actitud chovinista que tuvo en tiempos de dictadura".

Communiqué à l’occasion de la décision de l’Ofpra - Asile politique à Ricardo Palma et sa famille

                                     Communiqué à l’occasion de la décision de l’Ofpra
                                 accordant l’asile politique à Ricardo Palma et sa famille


L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a accordé ce vendredi 02 novembre l'asile politique à Ricardo Palma Salamanca et à toute sa famille.

Plus qu’une merveilleuse nouvelle, pour notre Comité de soutien —et au-delà pour les milliers de personnes qu’ont adhéré de par le monde à sa demande d’asile politique—, cette annonce est l’accomplissement d’une très forte aspiration de justice, large et consensuelle.

La France s’honore de protéger un ancien résistant et sa famille, qui ont combattu une des plus cruelles dictatures de notre temps et son néfaste héritage. Elle confirme ainsi sa longue et belle tradition d’accueil des justes, de rejet de l’ignominie et de l’arbitraire fasciste.

Nos pensées vont à Ricardo Palma, à Silvia Brzovic et leurs enfants, nous saluons avec émotion leur liberté recouvrée. Et nous pensons aussi à leurs familles, qui pendant plus de deux décennies ont vécu l’angoisse et l’incertitude, et peuvent dorénavant envisager une existence sans soubresauts.

Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui soutiennent Ricardo, Silvia et leurs proches. Aux collectifs d’anonymes qui font vivre la solidarité, qui donnent leur temps et leurs efforts dans cette longue lutte.

Ce combat partagé nous enseigne aussi notre force dans la défense de nos valeurs fondamentales, notre vigueur dans la revendication de notre histoire commune, et le poids significatif de notre effort pluriel.

                      CSP
comitesoutienparis@gmail.com

El CIUDADANO-Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia

El CIUDADANO- 2 de noviembre de 2018

Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia

Resolución de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras

Confirmado: Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia

Según se informó desde Europa, la concesión de este estatus de refugiado político no suspende el juicio de extradición a través del cual Chile busca que el ex frentista retorne al país para enfrentar a la "justicia" por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

El CiudadanoNovember 2, 2018

La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras (Ofpra) le concedió este viernes asilo político a Ricardo Palma Salamanca y toda su familia, según una información confirmada por la periodista Gabriela Bravo, corresponsal de radio Cooperativa en París.

El reporte indica que la concesión de este estatus de refugiado político no suspende el juicio de extradición a través del cual Chile busca que el ex frentista retorne al país para responder por su implicación en el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Recordemos que en julio de este año, un grupo de intelectuales franceses y chilenos solicitaron la protección de Ricardo Palma Salamanca y su pareja, Silvia Brzovic, en medio del proceso de extradición a nuestro país.

El texto, titulado “Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic” y fue publicado en el sitio francés Mediapart, un medio de investigación y opinión cuyo equipo formó parte del Le Monde Diplomatique. Entre los firmantes a esta solicitud se encuentran Carmen Castillo, Olivier Duhamel, Louis Joinet, Alain Touraine y Costa-Gavras.

Revisa a continuación la traducción del texto completo:

Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic
“Desde 1973, Francia es tierra de asilo para los opositores políticos al régimen de Pinochet. Recibidos con los brazos abiertos por Valéry Giscard d’Estaing y luego por François Mitterrand, ambos particularmente sensibles a la funesta suerte reservada a los que se habían comprometido junto al Presidente Salvador Allende y más ampliamente, a los demócratas hostiles a la junta militar, muchos fueron los chilenos que durante sus mandatos encontraron refugio en Francia, se establecieron, fundaron familia y se construyeron un futuro.

Muchos se convirtieron inmediatamente en franceses de espíritu y corazón antes de naturalizarse oficialmente. Es un honor para Francia haber protegido a estos hombres y mujeres cuyos caminos de vida hoy nos enorgullecen a todos. Admiramos a todos esos jóvenes -por no decir a esos niños- que tuvieron el extraordinario coraje de resistir y luchar contra la feroz dictadura de Augusto Pinochet, arriesgando sus vidas y su libertad, sacrificando su juventud, su vida familiar y sus estudios.
Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic son dos de ellos. Como tantos otros luchadores por la libertad, su compromiso político en contra de la junta militar nació del rechazo de la opresión a su pueblo y del sufrimiento que este régimen les ha causado. La tortura de un padre, de un hermano o de una hermana, la violación de otro, el exilio de un pariente forzado por el temor de que ocurriera lo peor, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato, llenaron sus almas de adolescentes con la rabia que los liberaría del miedo. Animados por tal ira, su lucha política no pudo terminar con el inicio de la transición democrática el 11 de marzo de 1990.

Si bien el General Pinochet ya no era oficialmente el Jefe de Estado chileno a partir de esa fecha, el nuevo régimen permaneció basado en un texto constitucional adoptado en 1980 bajo su autoridad que le confió, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, un papel central en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le permitió intervenir en la vida política de Chile y mantener el control sobre todas las instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares del país.

Como prueba de esta situación, basta recordar la feroz oposición de todas las autoridades políticas chilenas a la extradición de Pinochet en 1998, exigida por los tribunales españoles para que rindiera cuentas por muchos de los crímenes cometidos bajo su mandato. Finalmente, Augusto Pinochet, beneficiado por la benevolencia culpable de las autoridades chilenas, murió tranquilamente en Chile sin haber sido condenado y ni siquiera juzgado.
Por el contrario, los que se resistieron a su régimen, Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, han sido perseguidos implacablemente durante más de 25 años y hasta la fecha de hoy.
¿Cómo es posible que un Estado supuestamente democrático haya requiera a una persona -Silvia Brzovic- durante tanto tiempo, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo puede entenderse que un Estado supuestamente democrático pueda solicitar la ejecución de una sentencia dictada en condiciones inaceptables y sobre la base de la legislación antiterrorista adoptada en 1984 por un régimen dictatorial?
Además, ¿cómo podemos entender que tal ley, que ha sido duramente criticada por las ONG, pueda seguir aún en vigor? Ricardo Palma Salamanca fue detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua en condiciones claramente contrarias al derecho a un juicio justo y tras confesiones obtenidas bajo tortura, en aplicación de la ley adoptada por la junta militar para luchar contra sus opositores políticos.

Esta sentencia fue pronunciada por un juez único, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI, partido de Augusto Pinochet fundado por Jaime Guzmán, sobre la base, de que Ricardo Palma Salamanca participó en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo curriculum vitae bajo el régimen de Pinochet es comparable al de Philippe Henriot (Colaborador Nazi) bajo el régimen de Vichy.
Jaime Guzmán fue miembro fundador, en 1970, del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos crímenes ensangrentaron al régimen del Presidente Allende, ideólogo de la junta militar vinculada a la secta nazi Colonia Dignidad y autor de la Constitución de 1980. Jaime Guzmán fue actor protagonista de la dictadura. Hacía parte de su núcleo fascista. ¿Cómo puede entonces un Estado supuestamente democrático erigir un monumento en Santiago en memoria y honor de este sórdido personaje, y seguir persiguiendo a Ricardo Palma Salamanca?

Mientras los torturadores de la junta militar vivían o viven pacíficamente en Chile, las autoridades políticas chilenas persisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo por luchar contra el sangriento régimen de Pinochet y piden simplemente justicia para todos los que sufrieron durante este período. Se trata de un residuo de la dictadura en el cual Francia no puede participar.

Ninguna autoridad francesa puede aceptar colaborar en la ejecución de decisiones administrativas y judiciales inicuas, adoptadas a partir de torturas y graves violaciones de los derechos humanos, ni comprometerse a aportar su contribución a la defensa de la memoria del fascista Jaime Guzmán.

Por el contrario, Francia debe firmemente y obstinadamente preservar sus principios acogiendo, como le obliga su Constitución y sus compromisos internacionales, a todo hombre perseguido por su acción en pos de la libertad. Por lo tanto, Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic concediéndoles a ellos y a sus hijos el estatuto de refugiados políticos. Es su honor y obligación”.
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