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Blog du Collectif pour les Droits de l'Homme au Chili (France)
dimanche 2 décembre 2018
vendredi 16 novembre 2018
Camilo Catrillanca no es el único: los mapuches asesinados en democracia
Diario UChile. Jueves 15 de noviembre 2018
Desde el gobierno de Ricardo Lagos, los crímenes contra el pueblo mapuche han dejado varias víctimas fatales. Los casos de Alex Lemun o Matías Catrileo se han transformado en verdaderas banderas de lucha para este pueblo originario.
El asesinato de Camilo Catrillanca no es un caso aislado en democracia, pues los mapuches muertos en manos de terceros suman decenas desde el periodo en que Ricardo Lagos asumió la presidencia del país, cuyo inicio fue el 11 de marzo de 2000.
Ya en julio del año 2002, los hermanos Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian morían asesinados en un proceso de recuperación de tierras. Decenas de colonos de la zona habrían cometido el crimen.
Meses después, el cuerpo sin vida de Jorge Antonio Suárez Marihuan aparecía, un 11 de diciembre, en la ribera del río Queuco. Según el informe forense, el deceso fue provocado por lesiones de terceros. De acuerdo con la familia de la víctima, un agente policial no identificado habría pagado a colonos del sector para eliminar al comunero, en represalia por sus constantes participaciones en recuperaciones de tierra.
El 12 de noviembre del 2002 fallecería quien se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha del pueblo mapuche. Alex Lemun Saavedra tenía solo 17 años. Durante una recuperación de tierras, fue impactado por una bala disparada por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer. El joven mapuche agonizó cinco días.
El año 2004, Julio Alberto Huentecura Llancaleo murió en la ex Penitenciaria de Santiago, víctima de una puñalada de otro reo, un reo común, y he ahí el problema: el comunero mapuche jamás debió estar preso junto a reos comunes, pues había sido procesado en el marco del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a prisión política en el sur de Chile.
Zenén Alfonso Díaz Nécul, joven mapuche de 16 años, murió atropellado en Puerto Montt el año 2005, cuando un camión forestal pasó un corte de carretera y lo embistió hasta quitarle la vida.
La madrugada del 3 de septiembre del 2005, fue José Gerardo Huenante Huenante quien cayó. El joven mapuche de 16 años fue subido a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Juan Collihuin Catril, de 71 años, murió en su domicilio el año 2006, cerca de Nueva Imperial, luego de un allanamiento que fue considerado irregular por no contar con la autorización correspondiente. La víctima sufrió un impacto de bala disparada por el sargento Juan Mariman.
Bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, ocurrió otro de los casos simbólicos que han marcado el conflicto mapuche los últimos años. Se trata del asesinato de Matías Catrileo Quezada, quien fue baleado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez. Los hechos sucedieron durante la toma del Predio Santa Margarita, el 3 de enero del 2008.
Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, después de recibir una brutal golpiza por parte de carabineros de la 26° Comisaría de Pudahuel.
El 12 de agosto del 2009, Jaime Facundo Mendoza Collío es asesinado tras la toma del fundo San Sebastián, comuna de Ercilla. Fue el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quien le disparó por la espalda alegando legítima defensa. Para demostrar aquello, se escudó en impactos de balines que tenía su chaleco antibalas, sin embargo, el posterior peritaje del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones demostró que los impactos eran posteriores a la fecha del asesinato.
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera es asesinado Rodrigo Melinao Lican. El joven fue encontrado muerto la madrugada del 6 de agosto del 2013. Fue ultimado con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax.
Mientras Michelle Bachelet ejercía su segundo mandato, es asesinado José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. El primero de octubre del 2014 fue atropellado intencionalmente por un tractor en el fundo Nilpe, comuna de Galvarino.
El 29 de octubre del 2014, Víctor Manuel Mendoza Collo, primo de Jaime Mendoza Collio, falleció después que dos sujetos no identificados entraran a su casa y le dispararan en el tórax, frente a su hija de seis años de edad.
El historial de violencia contra el pueblo mapuche no es una novedad en nuestro país. El asesinato de Camilo Catrillanca es una de las tantas manifestaciones fatales de una política de Estado que ha sido condenada por diversos organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional.
Diario UChile. Jueves 15 de noviembre 2018
Desde el gobierno de Ricardo Lagos, los crímenes contra el pueblo mapuche han dejado varias víctimas fatales. Los casos de Alex Lemun o Matías Catrileo se han transformado en verdaderas banderas de lucha para este pueblo originario.
El asesinato de Camilo Catrillanca no es un caso aislado en democracia, pues los mapuches muertos en manos de terceros suman decenas desde el periodo en que Ricardo Lagos asumió la presidencia del país, cuyo inicio fue el 11 de marzo de 2000.
Ya en julio del año 2002, los hermanos Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian morían asesinados en un proceso de recuperación de tierras. Decenas de colonos de la zona habrían cometido el crimen.
Meses después, el cuerpo sin vida de Jorge Antonio Suárez Marihuan aparecía, un 11 de diciembre, en la ribera del río Queuco. Según el informe forense, el deceso fue provocado por lesiones de terceros. De acuerdo con la familia de la víctima, un agente policial no identificado habría pagado a colonos del sector para eliminar al comunero, en represalia por sus constantes participaciones en recuperaciones de tierra.
El 12 de noviembre del 2002 fallecería quien se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha del pueblo mapuche. Alex Lemun Saavedra tenía solo 17 años. Durante una recuperación de tierras, fue impactado por una bala disparada por el mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer. El joven mapuche agonizó cinco días.
El año 2004, Julio Alberto Huentecura Llancaleo murió en la ex Penitenciaria de Santiago, víctima de una puñalada de otro reo, un reo común, y he ahí el problema: el comunero mapuche jamás debió estar preso junto a reos comunes, pues había sido procesado en el marco del conflicto mapuche, por lo que debía pasar a prisión política en el sur de Chile.
Zenén Alfonso Díaz Nécul, joven mapuche de 16 años, murió atropellado en Puerto Montt el año 2005, cuando un camión forestal pasó un corte de carretera y lo embistió hasta quitarle la vida.
La madrugada del 3 de septiembre del 2005, fue José Gerardo Huenante Huenante quien cayó. El joven mapuche de 16 años fue subido a una patrulla de Carabineros perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Juan Collihuin Catril, de 71 años, murió en su domicilio el año 2006, cerca de Nueva Imperial, luego de un allanamiento que fue considerado irregular por no contar con la autorización correspondiente. La víctima sufrió un impacto de bala disparada por el sargento Juan Mariman.
Bajo el primer mandato de Michelle Bachelet, ocurrió otro de los casos simbólicos que han marcado el conflicto mapuche los últimos años. Se trata del asesinato de Matías Catrileo Quezada, quien fue baleado por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez. Los hechos sucedieron durante la toma del Predio Santa Margarita, el 3 de enero del 2008.
Johnny Cariqueo Yañez murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, después de recibir una brutal golpiza por parte de carabineros de la 26° Comisaría de Pudahuel.
El 12 de agosto del 2009, Jaime Facundo Mendoza Collío es asesinado tras la toma del fundo San Sebastián, comuna de Ercilla. Fue el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz quien le disparó por la espalda alegando legítima defensa. Para demostrar aquello, se escudó en impactos de balines que tenía su chaleco antibalas, sin embargo, el posterior peritaje del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones demostró que los impactos eran posteriores a la fecha del asesinato.
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera es asesinado Rodrigo Melinao Lican. El joven fue encontrado muerto la madrugada del 6 de agosto del 2013. Fue ultimado con un disparo de escopeta a corta distancia en el tórax.
Mientras Michelle Bachelet ejercía su segundo mandato, es asesinado José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil. El primero de octubre del 2014 fue atropellado intencionalmente por un tractor en el fundo Nilpe, comuna de Galvarino.
El 29 de octubre del 2014, Víctor Manuel Mendoza Collo, primo de Jaime Mendoza Collio, falleció después que dos sujetos no identificados entraran a su casa y le dispararan en el tórax, frente a su hija de seis años de edad.
El historial de violencia contra el pueblo mapuche no es una novedad en nuestro país. El asesinato de Camilo Catrillanca es una de las tantas manifestaciones fatales de una política de Estado que ha sido condenada por diversos organismos internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional.
Chile - Comando Jungla mata con un balazo a comunero mapuche
Diario Uchile
Jueves 15 de noviembre 2018
Durante la mañana de este jueves, en tanto, se registraron diversos enfrentamientos entre comuneros y Fuerzas Policiales. Se espera que durante esta jornada, la ministra Cecilia Pérez visite la región de La Araucanía.
Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, murió luego de recibir un disparo de Carabineros. Esto, tras de un operativo que la institución realizó en la comunidad de Temucuicui, Ercilla, Región de la Araucanía.
Según fuentes de la investigación, pasada las 16:00 horas, un grupo de encapuchados habrían robado tres vehículos en el sector de Pidima, ante lo cual, Carabineros actuó.
Específicamente habría sido el llamado Comando Jungla quien ingresó a la zona disparando a quienes se encontraban en el lugar.
Así lo dijo el werken Jorge Huenchullan a Radio Cooperativa: “Nos han dicho que un comunero está herido de bala. Está en la posta de Ercilla. Carabineros le disparó a mansalva a varias personas, uno de ellos está herido”, precisó el comunero.
Huenchullan informó que al menos unos 200 uniformados están al interior de la comunidad: policías a pie, en tanques blindados y sobrevolando el territorio.
El comando Jungla, ellos son los que han ingresado a la comunidad”, sentenció Huenchullán.
Durante la mañana de este jueves, en tanto, se registraron diversos enfrentamientos entre comuneros y Fuerzas Policiales. Además, un incendio destruyó una iglesia en la provincia de Malleco.
Se espera que durante la jornada, la ministra Cecilia Pérez visite la región de La Araucanía.
mardi 13 novembre 2018
Sobre impunidad y "ajusticiamientos"
Juan Pablo
Cárdenas S. | Lunes 12 de noviembre 2018
El crimen
político es tan antiguo como la historia misma de la Humanidad y representa una
acción muchas veces deleznable, pero en otros casos hasta es considerada
necesaria y heroica. Los códigos de conducta moral hasta legitiman los
magnicidios cuando éstos tienen el propósito de un bien social mayor. Hay que
reconocer que la violencia ha acompañado, para bien y para mal, todas las
grandes transformaciones y que, en muchas oportunidades, quienes la han
ejercido reciben posteriormente el título de héroes, patriotas o libertadores.
Bolívar, San
Martín, Sucre y O’Higgins, entre tantos otros, jamás han recibido el título de
terroristas por haber ejercido la guerra contra los ocupadores europeos de
nuestros territorios. Por haber tomado las armas, pero muchas veces, también,
provocado sangrientas emboscadas, juicios sumarios y diversos actos luctuosos
para eliminar a sus enemigos. No hay movimiento de liberación en el mundo en
que las armas no hayan jugado un papel fundamental y tanto en América y los
demás continentes los rebeldes han terminado en los altares de nuestras
correspondientes patrias, culturas y civilizaciones.
En ningún
caso se trata de hacer una apología de la violencia; solo consignar lo que se
ha comprobado con creces. Lo que hoy rechaza el mundo son las acciones de
violencia ejercidas por quienes se rebelan contra el orden legítimamente
constituido. De allí que un alzamiento como el de Pinochet en 1973 haya
recibido el repudio universal y el bombardeo a La Moneda y el magnicidio de
Salvador Allende representen el acto terrorista más repugnante de la historia
de Chile y de nuestra Región.
De lo
anterior es que al término de la dictadura pinochetista se imponía esclarecer
los hechos, identificara los violadores de los Derechos Humanos, condenar a los
culpables y reparar a las víctimas de la represión. Sin embargo, los gobiernos
que siguieron al de Pinochet solo se propusieron lo del ex presidente Patricio
Aylwin: “hacer justicia solo en la medida de lo posible”. De allí es que la
impunidad se haya hecho tan extendida e, incluso, en el caso mismo del mismo
Dictador, de quien se abortara la posibilidad de haberlo condenado a cumplir
una ejemplar sentencia internacional. Para colmo, bajo la promesa de juzgarlo
en nuestro país, engañando con esta promesa al gobierno inglés que finalmente
lo liberó.
Después de
varias décadas, salvo los militares recluidos en el cómodo penal de Punta
Peuco, lo cierto es que la gran mayoría de los victimarios están libres y
mantenido sus rangos castrenses. Renuentes hasta hoy a colaborar con las
investigaciones judiciales, reconocer el paradero de los detenidos
desaparecidos, mientras van ascendiendo posiciones, además, en su carrera
militar, especialmente en el Ejército. En posición de todos sus grados y
charreteras, millonarias pensiones y otra serie de privilegios propios de la
casta nacional uniformada.
Asimismo,
los civiles que instigaron el Golpe de Estado, que ocuparon altos cargos en el
gobierno de Pinochet y se enriquecieron al abrigo de la Dictadura no han tenido
sanción alguna. Como en el caso de Julio Ponce Lerou, han seguido
favoreciéndose, incluso, de los sucesivos gobiernos de la Concertación y de
Sebastián Piñera. Recurriendo, también, al soborno transversal de los
legisladores y partidos políticos para conseguir su cometido y salvar de la
Justicia como golpistas y ladrones.
Como se
sabe, Jaime Guzmán Errázuriz, el fundador de la ultraderechista UDI, fue
elegido senador de la República gracias a un sistema electoral binominal
reconocido como profundamente antidemocrático. Fue premiado por la
posdictadura, al igual que otros, con un alto cargo público y hasta su muerte
no había recibido rasguño alguno como uno de los grandes promotores del
alzamiento militar. Lo que le permitió convertirse después en el gran autor de
la Constitución espuria de 1980 que hasta hoy nos rige. Consolidando un
pretendido “estado de derecho democrático”, el que a diario es proclamado como
tal por los pinochestistas, las colectividades de la derecha y de la
autodenominada centro izquierda.
El extinto
senador Guzmán no fue requerido por tribunal alguno y luego de muchos años de
impunidad resultó “ajusticiado” por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en
uno de sus actos más reconocidos por su eficiencia y sentido político, después
de que le fracasaran otras acciones como el frustrado atentado contra el propio
Dictador. La víctima encarnada mejor que nadie el ideario y los despropósitos
consolidados el 11 de septiembre de 1973, pero también los esfuerzos y logros
de la derecha, los grandes empresarios y los Estados Unidos por seducir a los
partidos y movimientos opositores que finalmente se allanaron a una salida
“pacífica” . En la que debía sacralizarse el sistema institucional todavía
vigente, el modelo económico neoliberal y se cometerían todos los esfuerzos
para que el golpismo y sus secuaces resultaran sin mácula social, juicio y
sentencia. Gracias, también, a la ley de amnistía de Pinochet como a los jueces
cómplices y abyectos que continuaron en sus cargos con la complacencia de los
nuevos gobiernos.
Pero todo
esto hasta que el juez español Baltasar Garzón, y la detención en Londres del
Tirano, le corrieron el velo a los acuerdos cívico militares y generaron una
ola de protesta nacional que finalmente sacó de su letargo, o les confirió
ánimo, a los jueces dignos, que llevaron a la cárcel a los principales agentes
de la siniestra Dina. Pero en ningún caso a los civiles como Jaime Guzmán, como
a los que siguen protegidos por la CIA después de haber ejercitado el
terrorismo de estado.
Es imposible
conciliar posiciones sobre el uso de la violencia política y la existencia de
fenómenos como los llamados ajusticiamientos que han recorrido, insistimos,
toda nuestra historia. Como aquel atentado, por ejemplo, contra el reconocido
autor de nuestra institucionalidad pos Emancipación: Diego Portales. Para
muchos, el constructor de nuestra primera República que, de democrática, en
realidad, tenía bien poco, tal como hoy sucede.
Lo que no se
puede obviar es que el crimen de Jaime Guzmán tiene base en la impunidad que lo
favoreció. A esta altura, es innegable que en el pueblo chileno el ánimo de
venganza simplemente no ha existido, o ha sido demasiado circunstancial en
comparación a otros desenlaces políticos del mundo y de nuestra región. Por el
contrario, cuando tantos familiares de ejecutados y víctimas de la tortura
mueren en la desesperanza. Sin recibir justicia y reparación, además de haber
recibido los consabidos portazos de las autoridades, como el mismo desdén de
las agrupaciones políticas que antes los indujeron a perder la vida, la
libertad y el derecho a vivir en su país como ex combatientes.
Quienes hoy
vociferan contra la decisión francesa de otorgarle el asilo político al autor
del atentado contra Guzmán, ojalá entiendan que la impunidad es la que siempre
alimenta la comisión de justicia por mano propia. Una prolongada ausencia de
justicia que además comprueba las sospechas que hoy merece nuestro “estado de
derecho”, cuanto la falta de independencia de muchos de nuestros jueces y
tribunales. A lo que se puede agregar la falta de voluntad de nuestra clase
política de contribuir a la verdad de los terribles episodios represivos
fomentados por quienes en su hora fueron hasta Londres a solidarizar con
Pinochet y exigir su liberación, y hoy están airados por la protección francesa
a un autentico disidente de la Dictadura.
Si hasta hoy
Europa persigue a los autores del genocidio fascista y a los criminales de
guerra, ¿por qué sus gobiernos democráticos tendrían que hacerse cómplices de
las horrendas dictaduras cívico militares vividas por nuestros países? ¿Es que
nuestro “estado de derecho” garantiza la justicia, cuando Pinochet fue
sepultado hasta con honores militares y políticos gracias al consentimiento de
quienes antes habían sido sus opositores? ¿Y su herencia sigue tan presente en
toda nuestra institucionalidad?
Juan Pablo
Cárdenas ( Periodista, ex creador y Director de la Radio Universidad de Chile).
samedi 3 novembre 2018
Abogado de Palma Salamanca acusó "grave ignorancia" de Chadwick
Abogado de Palma Salamanca acusó "grave
ignorancia" de Chadwick
Sabado, 3 de Noviembre de 2018
Autor: Cooperativa.cl
Alberto Espinoza aseguró que la responsabilidad penal del ex frentista,
fugado en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad, ya "está extinguida".
Sophie Thonon, especialista en
derecho internacional, ve "imposible" que Francia revoque el asilo
político "a pedido de Chile".
El abogado de Ricardo
Palma Salamanca en Chile, Alberto Espinoza, acusó "ignorancia"
del Gobierno respecto al caso del ex frentista, a quien Francia
concedió asilo político la pasada jornada, pese a que, en paralelo, enfrenta
una solicitud de extradición.
El Ejecutivo chileno
-que pedirá
revocar esta protección- busca, mediante el juicio de extradición, que Palma
Salamanca retorne al país para responder por su responsabilidad en el crimen
de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
Frente a eso, Espinoza aseguró
que hay "una grave ignorancia en las palabras del ministro del
Interior, Andrés Chadwick, porque se habla de que esta solicitud de
extradición es para hacerle cumplir una pena".
Sin embargo, apuntó, "las
penas prescriben; es decir, la prescripción de la pena es una institución
que está asociada al transcurso del tiempo, en virtud del cual se extingue
la responsabilidad penal".
En esa línea, el letrado
explicó que "desde que Palma Salamanca eludió esta persecución
penal, cuando se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, a la
fecha que es requerido por la vía de la extradición, han pasado más de 20 años,
de manera que esa persecución penal está extinguida".
Experta descarta que se
revoque asilo político
El ministro del Interior
reaccionó ayer tras conocerse la decisión del Estado francés y adelantó que
manifestarán su "desacuerdo total" y pedirán revocar la
medida, además de remarcar que el asilo otorgado contraviene las normas de la Convención
de Ginebra sobre asilo y protección, pues -afirmó- la condena por el asesinato
de Jaime Guzmán se otorgó bajo un estado democrático y de derecho.
La abogada Sophie
Thonon, especialista en derecho internacional y asilo político, detalló que
éste se otorga luego de una serie de entrevistas en profundidad que permitan
establecer la condición de perseguido político.
"La persona tiene que
presentar pruebas precisas de esa persecución política o religiosa. No
puede solamente decir 'yo pertenezco a tal minoría, entonces estoy perseguido'.
Hay que entregar elementos concretos y precisos", sostuvo.
Afirmó, además, que desde
ahora "la única instancia posible para Chile es el pedido de extradición,
que se le retire (el asilo) a pedido de Chile es imposible a
nivel de procedimiento".
"Lo que sí puede pasar es
que haya habido un error al momento de identificar a la persona perseguida,
pero por un problema de procedimiento, pero el Gobierno chileno no puede
intervenir ahí, no tiene lugar para intervenir, no tiene base
procedural", dijo la experta, que agregó que no conoce ningún
caso en que el Estado francés haya extraditado a una persona con el estatus de
asilado político.
PC apunta al contexto
histórico
Por su parte, el dirigente del
Partido Comunista Juan Andrés Lagos apuntó al contexto
histórico en que ocurrió el asesinato de Jaime Guzmán, en 1991, por
el que fue condenado Palma Salamanca.
"Este crimen se cometió
en momentos en que en Chile no existían las condiciones de haber
quitado el poder a quienes lo tuvieron en la dictadura, y Pinochet
era comandante en jefe del Ejército; son antecedentes históricos
reales", subrayó.
Acusó también que, "de nuevo, la derecha toma
esta peligrosa actitud chovinista que tuvo en tiempos de dictadura".
Communiqué à l’occasion de la décision de l’Ofpra - Asile politique à Ricardo Palma et sa famille
Communiqué à l’occasion de la décision de l’Ofpra
accordant l’asile politique à Ricardo Palma et sa famille
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a accordé ce vendredi 02 novembre l'asile politique à Ricardo Palma Salamanca et à toute sa famille.
Plus qu’une merveilleuse nouvelle, pour notre Comité de soutien —et au-delà pour les milliers de personnes qu’ont adhéré de par le monde à sa demande d’asile politique—, cette annonce est l’accomplissement d’une très forte aspiration de justice, large et consensuelle.
La France s’honore de protéger un ancien résistant et sa famille, qui ont combattu une des plus cruelles dictatures de notre temps et son néfaste héritage. Elle confirme ainsi sa longue et belle tradition d’accueil des justes, de rejet de l’ignominie et de l’arbitraire fasciste.
Nos pensées vont à Ricardo Palma, à Silvia Brzovic et leurs enfants, nous saluons avec émotion leur liberté recouvrée. Et nous pensons aussi à leurs familles, qui pendant plus de deux décennies ont vécu l’angoisse et l’incertitude, et peuvent dorénavant envisager une existence sans soubresauts.
Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui soutiennent Ricardo, Silvia et leurs proches. Aux collectifs d’anonymes qui font vivre la solidarité, qui donnent leur temps et leurs efforts dans cette longue lutte.
Ce combat partagé nous enseigne aussi notre force dans la défense de nos valeurs fondamentales, notre vigueur dans la revendication de notre histoire commune, et le poids significatif de notre effort pluriel.
CSP
comitesoutienparis@gmail.com
vendredi 2 novembre 2018
El CIUDADANO-Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia
El CIUDADANO- 2 de noviembre de 2018
Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia
Resolución de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras
Confirmado: Francia otorga asilo político al ex FPMR Ricardo Palma Salamanca y a toda su familia
Según
se informó desde Europa, la concesión de este estatus de refugiado
político no suspende el juicio de extradición a través del cual Chile
busca que el ex frentista retorne al país para enfrentar a la "justicia"
por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
Recordemos que en julio de este año, un grupo de intelectuales franceses y chilenos solicitaron la protección de Ricardo Palma Salamanca y su pareja, Silvia Brzovic, en medio del proceso de extradición a nuestro país.
El texto, titulado “Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic” y fue publicado en el sitio francés Mediapart, un medio de investigación y opinión cuyo equipo formó parte del Le Monde Diplomatique. Entre los firmantes a esta solicitud se encuentran Carmen Castillo, Olivier Duhamel, Louis Joinet, Alain Touraine y Costa-Gavras.
Revisa a continuación la traducción del texto completo:
Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic
“Desde 1973, Francia es tierra de asilo para los opositores políticos al régimen de Pinochet. Recibidos con los brazos abiertos por Valéry Giscard d’Estaing y luego por François Mitterrand, ambos particularmente sensibles a la funesta suerte reservada a los que se habían comprometido junto al Presidente Salvador Allende y más ampliamente, a los demócratas hostiles a la junta militar, muchos fueron los chilenos que durante sus mandatos encontraron refugio en Francia, se establecieron, fundaron familia y se construyeron un futuro.
Muchos se convirtieron inmediatamente en franceses de espíritu y corazón antes de naturalizarse oficialmente. Es un honor para Francia haber protegido a estos hombres y mujeres cuyos caminos de vida hoy nos enorgullecen a todos. Admiramos a todos esos jóvenes -por no decir a esos niños- que tuvieron el extraordinario coraje de resistir y luchar contra la feroz dictadura de Augusto Pinochet, arriesgando sus vidas y su libertad, sacrificando su juventud, su vida familiar y sus estudios.
Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic son dos de ellos. Como tantos otros luchadores por la libertad, su compromiso político en contra de la junta militar nació del rechazo de la opresión a su pueblo y del sufrimiento que este régimen les ha causado. La tortura de un padre, de un hermano o de una hermana, la violación de otro, el exilio de un pariente forzado por el temor de que ocurriera lo peor, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato, llenaron sus almas de adolescentes con la rabia que los liberaría del miedo. Animados por tal ira, su lucha política no pudo terminar con el inicio de la transición democrática el 11 de marzo de 1990.
Si bien el General Pinochet ya no era oficialmente el Jefe de Estado chileno a partir de esa fecha, el nuevo régimen permaneció basado en un texto constitucional adoptado en 1980 bajo su autoridad que le confió, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, un papel central en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le permitió intervenir en la vida política de Chile y mantener el control sobre todas las instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares del país.
Como prueba de esta situación, basta recordar la feroz oposición de todas las autoridades políticas chilenas a la extradición de Pinochet en 1998, exigida por los tribunales españoles para que rindiera cuentas por muchos de los crímenes cometidos bajo su mandato. Finalmente, Augusto Pinochet, beneficiado por la benevolencia culpable de las autoridades chilenas, murió tranquilamente en Chile sin haber sido condenado y ni siquiera juzgado.
Por el contrario, los que se resistieron a su régimen, Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, han sido perseguidos implacablemente durante más de 25 años y hasta la fecha de hoy.
¿Cómo es posible que un Estado supuestamente democrático haya requiera a una persona -Silvia Brzovic- durante tanto tiempo, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo puede entenderse que un Estado supuestamente democrático pueda solicitar la ejecución de una sentencia dictada en condiciones inaceptables y sobre la base de la legislación antiterrorista adoptada en 1984 por un régimen dictatorial?
Además, ¿cómo podemos entender que tal ley, que ha sido duramente criticada por las ONG, pueda seguir aún en vigor? Ricardo Palma Salamanca fue detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua en condiciones claramente contrarias al derecho a un juicio justo y tras confesiones obtenidas bajo tortura, en aplicación de la ley adoptada por la junta militar para luchar contra sus opositores políticos.
Esta sentencia fue pronunciada por un juez único, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI, partido de Augusto Pinochet fundado por Jaime Guzmán, sobre la base, de que Ricardo Palma Salamanca participó en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo curriculum vitae bajo el régimen de Pinochet es comparable al de Philippe Henriot (Colaborador Nazi) bajo el régimen de Vichy.
Jaime Guzmán fue miembro fundador, en 1970, del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos crímenes ensangrentaron al régimen del Presidente Allende, ideólogo de la junta militar vinculada a la secta nazi Colonia Dignidad y autor de la Constitución de 1980. Jaime Guzmán fue actor protagonista de la dictadura. Hacía parte de su núcleo fascista. ¿Cómo puede entonces un Estado supuestamente democrático erigir un monumento en Santiago en memoria y honor de este sórdido personaje, y seguir persiguiendo a Ricardo Palma Salamanca?
Mientras los torturadores de la junta militar vivían o viven pacíficamente en Chile, las autoridades políticas chilenas persisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo por luchar contra el sangriento régimen de Pinochet y piden simplemente justicia para todos los que sufrieron durante este período. Se trata de un residuo de la dictadura en el cual Francia no puede participar.
Ninguna autoridad francesa puede aceptar colaborar en la ejecución de decisiones administrativas y judiciales inicuas, adoptadas a partir de torturas y graves violaciones de los derechos humanos, ni comprometerse a aportar su contribución a la defensa de la memoria del fascista Jaime Guzmán.
Por el contrario, Francia debe firmemente y obstinadamente preservar sus principios acogiendo, como le obliga su Constitución y sus compromisos internacionales, a todo hombre perseguido por su acción en pos de la libertad. Por lo tanto, Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic concediéndoles a ellos y a sus hijos el estatuto de refugiados políticos. Es su honor y obligación”.
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mardi 30 octobre 2018
La eterna búsqueda de Ana González. Entrevista acordada a El País 11-09-2018
EL PAIS. 11
septiembre 2018
45 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO DE
PINOCHET
La
eterna búsqueda de Ana González, La Pasionaria chilena
Activista inagotable y rebelde en la dictadura
de Pinochet, a los 93 años no pierde la esperanza de saber del paradero de su esposo,
dos de sus hijos y su nuera embarazada, desaparecidos en 1976
Rocío Montes
Santiago de Chile
Ana González, durante la entrevista, en su casa de Santiago de Chile.
Sebastián Utreras
El portón de la casa de Ana González (Tocopilla,
1925), en un barrio popular del sur de Santiago de Chile, no se abre desde
1976. Entre el 29 y 30 de abril de ese año, agentes de la policía secreta de
Augusto Pinochet capturaron a su esposo, a dos de sus seis hijos y a su nuera
—embarazada de tres meses—, todos ellos militantes comunistas. Nunca se supo de
sus destinos y son parte de los más de mil detenidos desaparecidos por el régimen militar (1973-1990). La clausura de la
puerta de entrada es un símbolo de memoria: no se abrirá mientras no se sepa al
menos lo que les ocurrió y el lugar en el que se encuentran sus restos. “Dicen
que la esperanza nunca se pierde”, reflexiona González, de 93 años, impecables
uñas largas y rojas, coleta bien ajustada, joyas mapuches y ropajes anchos. El
horror le impulsó hacia una vida impensada: de un día para otro olvidó para
siempre las labores del hogar y se arrojó a las calles a buscar. Hoy es —sigue
siendo— una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD) y una de sus integrantes de mayor simbolismo.
-¿La comparaban con La Pasionaria, Dolores Ibárruri?
A González, pizpireta, le gusta hablar con palabrotas y lo hace con gracia.
Durante la dictadura, su simpatía y arrojo descolocaba hasta a los policías.
Alguna vez, detenida como lo estuvo decenas de veces por protestar, entre un
grupo de 80 presos levantó la mano para pedir la palabra para quejarse, por
ejemplo, de que los servicios del cuartel estaban demasiado sucios. Fue en la
época de las primeras huelgas de hambres y de su viaje a Europa y Estados Unidos
para denunciar ante la comunidad internacional lo que estaba ocurriendo en
Chile, siempre con la imagen de sus familiares en el pecho. “Los míos”, dice
González cada vez que se refiere a ellos.
Todos los suyos fueron capturados en el mismo barrio. Primero sus hijos y
su nuera: Manuel Guillermo, Luis Emilio y su esposa Nalvia Rosa Mena, de 22, 29
y 20 años, respectivamente. La noche del 29 de abril de 1976 regresaban a la
casa con el pequeño hijo de la pareja, Puntito, de dos años, cuando los capturó la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA). Nalvia, según los testigos, fue golpeada
en el vientre con la culata de una metralleta a pesar de sus gritos y súplicas
por estar embarazada. Inconsciente, la introdujeron en uno de los coches en que
se movían los agentes. El niño fue el único que regresó, algunas horas más
tarde, tras ser abandonado en las cercanías de la casa. Hoy vive en Suecia.
-Lo que los hacía peligrosos era ser luchadores y querer que todos los
otros luchadores del país pudieran tener una vida digna”, reflexiona Ana
González, mientras mira sus retratos colgados en la pared.
-¿Piensa que su nieto o nieta llegó a nacer? Tendría 42 años…
-Sospecho que sí.
La mañana del 30 de abril fue el turno de su marido, Manuel Recabarren
Rojas, de 50 años, que salió de su casa temprano para buscar a sus dos hijos y
a su nuera. Fue detenido en la misma puerta, y algunos testigos dicen haberlo
visto después en el centro de
detención y torturas Villa Grimaldi. Allí se le perdió la pista para
siempre. González toma algunas páginas del libro inédito que tiene terminado y
lee en voz alta: “…dejo correr mi imaginación y veo claramente a Manuel sentado
frente a mí, mirándome a los ojos, envolviéndome en su cálida ternura. Extiendo
mis manos hacia su rostro, lo acaricio y, devolviéndole el mando de su ternura,
le digo: ‘¡Cómo hemos envejecido, mi viejo!’. Pero vuelvo a la cruda realidad:
estoy contemplando su fotografía en una pancarta. ¡Solo yo he envejecido!”.
Su oficina es su habitación, donde recibe a EL PAÍS acostada, sin ningún
complejo, porque la edad y algunos problemas de salud la hacen pasar buena
parte del tiempo en cama. Este martes 11, sin embargo, espera levantarse para
participar de las actividades de conmemoración de los 45 años del golpe de
Estado, que encuentra a Chile nuevamente revisando su pasado reciente. La casa
es un museo de la izquierda chilena de los últimos 40 años. Cientos de objetos
y fotografías tapizan las paredes y se asoman por todos los rincones: decenas
de retratos de González con artistas como Sting; imágenes de Salvador Allende,
Víctor Jara o Pablo Neruda; bordados con mensajes de protesta y pancartas de la
Unidad Popular [la coalición de partidos con la que Allende ganó las elecciones
de 1970]. También un curioso cartelito que dice “Corte de Apelaciones”, pegado
en la puerta del servicio: un mensaje directo a la ineficacia de los tribunales
en dictadura. “En Chile no se ha hecho Justicia”, dice.
-¿Le gusta el Chile de hoy?
-El país está como lo pensó Pinochet. Cuando dicen "le ganamos a
Pinochet"... Pienso que no es verdad. No le ganamos. Seguimos divididos y
los luchadores de antes se recogieron a sus casas. Para eso fue la dictadura:
para silenciar al pueblo que había ganado su libertad. Pero confío en los
jóvenes de hoy. Salen a las calles a protestar y eso significa que vamos bien.
Ana González es una leyenda, incluso entre esos jóvenes. Conocen su
historia, la aplauden cuando llega a algún acto público y le piden selfies.
Hace algunos años, en una visita a La Moneda, un joven carabinero de la guardia
de Palacio se le acercó para hacerse una fotografía, un hecho inimaginable años
atrás. En agosto se inauguró en el centro de Santiago un mural en su honor
realizado por un grupo de jóvenes graffiteros. “Brindo por la vida
hermosa, por ella me estoy jugando y por defender la vida, busco lo que estoy
buscando”, se lee junto a su retrato. Hace un tiempo, las cartas que llegaban a
su casa venían con unos mensajes escritos con bolígrafo: “Aguante compañera,
aún tenemos utopía”; “Por siempre en la memoria del tiempo consciente”; “Firme
junto al pueblo”. El mensajero anónimo era un joven cartero, que le hizo una
confesión: “Espero alguna vez, Anita, traerle una buena noticia”.
vendredi 19 octobre 2018
jeudi 4 octobre 2018
RASSEMBLEMENT À PARIS EN SOUTIEN À RICARDO PALMA SALAMANCA LE 10 OCTOBRE 2018
RASSEMBLEMENT À PARIS EN SOUTIEN
À RICARDO PALMA SALAMANCA
Informations.
Voir site DEFENSE ET ASILE (DEFENSA y ASILO)
https://defenseasile.wordpress.com
mardi 14 août 2018
Mediapart. La France doit protéger Ricardo Palma Salamanca et Silvia Brzovic
MEDIAPART
La France doit protéger
Ricardo Palma Salamanca et Silvia Brzovic
·
14 juil. 2018
Dans un
tribune collective, Carmen Castillo, Olivier Duhamel, Louis Joinet, Alain
Touraine et Costa-Gavras appellent la France à protéger, en leur reconnaissant
le statut de réfugié politique, Ricardo Palma Salamanca et Silvia
Brzovic. Ayant combattu le régime sanglant de Pinochet, ils sont
aujourd'hui réclamés par le Chili en vertu
de décisions administratives et judiciaires iniques qui sont un
résidu de la dictature.
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La France est depuis 1973
une terre d’asile pour les opposants politiques au régime de Pinochet. Accueillis à bras ouverts
par Valéry Giscard d’Estaing puis François Mitterrand, particulièrement
sensibles au funeste sort réservé à ceux qui s’étaient engagés aux côtés du
Président Salvador Allende et, plus largement, aux démocrates hostiles à la
junte militaire, nombreux sont les Chiliens qui, sous leurs mandats, ont trouvé
refuge en France, s’y sont installés, y ont fondé une famille et s’y sont
construits un avenir.
Beaucoup sont immédiatement devenus français
dans l’esprit et le cœur avant d’être officiellement naturalisés. C’est
l’honneur de la France d’avoir protégé ces femmes et ces hommes dont les
parcours de vie font aujourd’hui notre fierté à tous. Nous éprouvons de
l’admiration pour tous ces jeunes adultes – pour ne pas dire ces enfants – qui
ont eu l’extraordinaire courage de résister et de combattre la dictature féroce
d’Augusto Pinochet au péril de leur vie et de leur liberté, faisant sacrifice
de leur jeunesse, de leur vie familiale et de leurs études.
Ricardo Palma Salamanca et Silvia Brzovic sont
de ceux-là. Comme tant d’autres combattants de la liberté, leur engagement
politique contre la junte militaire est né de leur refus de l’oppression faite
à leur peuple et des souffrances que ce régime leur a fait endurer. La torture
du père, d’un frère ou d’une sœur, le viol d’une autre, l’exil d’un parent
forcé par la crainte que le pire n’advienne, l’emprisonnement, le supplice, et
même l’assassinat de proches, ont empli leur âme d’adolescents de la rage qui
devait les affranchir de la peur. Animé par une telle colère, leur combat
politique ne pouvait prendre fin avec l’amorce de la transition démocratique le
11 mars 1990.
En effet, si le général Pinochet n’était plus,
officiellement, le Chef de l’État chilien à compter de cette date, le nouveau
régime restait fondé sur un texte constitutionnel adopté en 1980 sous son
autorité et qui lui confiait, en tant que Commandant en Chef des forces armées,
un rôle central au sein d’un Conseil de sécurité nationale, lui permettant
ainsi d’intervenir dans la vie politique du Chili et de maintenir son emprise
sur toutes les institutions politiques, administratives, judiciaires et
militaires du pays. Il suffit pour preuve de cette situation de se souvenir de
l’opposition farouche de toutes les autorités politiques chiliennes à
l’extradition de Pinochet en 1998, réclamé par la justice espagnole afin qu’il
rende compte de nombreux crimes commis sous son mandat. Finalement, Augusto
Pinochet, bénéficiant de la bienveillance coupable des autorités chiliennes,
est mort paisiblement au Chili sans jamais avoir été condamné ni même
simplement jugé.
A l’inverse, les résistants à son régime que
furent Ricardo Palma Salamanca et Silvia Brzovic ont été pourchassés sans
relâche pendant plus de 25 ans et jusqu’à aujourd’hui.
Comment comprendre qu’un État prétendument
démocratique puisse ainsi pendant aussi longtemps poursuivre une personne –
Silvia Brzovic – dont le seul tort est d’avoir été une opposante de gauche au
régime de Pinochet ? Comment comprendre qu’un État prétendument
démocratique puisse chercher à obtenir l’exécution d’une condamnation rendue
dans des conditions inacceptables et sur le fondement d’une législation
anti-terroriste adoptée en 1984 par un régime dictatorial ? Comment
d’ailleurs comprendre qu’une telle loi vivement critiquée par les ONG puisse y
être encore en vigueur ?
Car c’est en effet en application de cette loi
adoptée par la junte militaire pour lutter contre ses opposants politiques que
Ricardo Palma Salamanca a été arrêté en 1992 puis condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité dans des conditions manifestement contraires au droit à
un procès équitable et après des aveux extorqués sous la torture. Cette
condamnation a été prononcée par un juge unique, Alberto Pfeiffer Richter,
membre de l’UDI, le parti d’Augusto Pinochet fondé par Jaime Guzman, au motif
notamment que Ricardo Palma Salamanca aurait participé à l’assassinat de ce
même Jaime Guzman, dont le curriculum vitae sous le régime de Pinochet est
comparable à celui de Philippe Henriot sous le régime de Vichy.
Membre fondateur, en 1970, du groupe
paramilitaire d’extrême droite Patria y Libertad, dont les crimes ont
ensanglanté le régime du Président Allende, idéologue de la junte militaire lié
à la secte nazie Colonia Dignidad, auteur de la Constitution de 1980, Jaime
Guzman était un acteur majeur de la dictature. Il faisait partie de son noyau
fasciste. Comment alors un État prétendument démocratique peut-il dresser un
mémorial à Santiago en souvenir et en l’honneur de ce sordide personnage, et
continuer à pourchasser Ricardo Palma Salamanca ?
Quand les tortionnaires de la junte militaire
ont vécu ou vivent encore paisiblement au Chili, les autorités politiques
chiliennes persistent à poursuivre les femmes et les hommes qui, comme Ricardo
Palma Salamanca et Silvia Brzovic, ont tout sacrifié pour combattre le régime
sanglant de Pinochet et réclament simplement que justice soit rendue à tous
ceux qui ont enduré les pires souffrances durant cette période. Il s’agit là
d’un résidu de la dictature auquel la France ne peut participer.
Aucune autorité française ne peut accepter de
collaborer à l’exécution de décisions administratives et judiciaires iniques,
prises à la suite de tortures et de violations graves des droits de l’Homme, ni
se compromettre en apportant son concours à la défense de la mémoire du
fasciste Jaime Guzman. Au contraire, la France doit fermement et obstinément
préserver ses principes en accueillant, comme l’y oblige sa Constitution et ses
engagements internationaux, tout Homme persécuté en raison de son action pour
la liberté.
La France doit donc protéger Ricardo Palma
Salamanca et Silvia Brzovic en leur reconnaissant, ainsi qu’à leurs enfants, le
statut de réfugié politique. C’est son honneur et c’est le droit.
Carmen Castillo
Olivier Duhamel
Louis Joinet
Alain Touraine
Costa-Gavras
Olivier Duhamel
Louis Joinet
Alain Touraine
Costa-Gavras
“Francia debe
proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic
“Desde 1973, Francia es tierra
de asilo para los opositores políticos al régimen de Pinochet. Recibidos con
los brazos abiertos por Valéry Giscard d’Estaing y luego por François
Mitterrand, ambos particularmente sensibles a la funesta suerte reservada a los
que se habían comprometido junto al Presidente Salvador Allende y más
ampliamente, a los demócratas hostiles a la junta militar, muchos fueron los
chilenos que durante sus mandatos encontraron refugio en Francia, se
establecieron, fundaron familia y se construyeron un futuro.
“Muchos se convirtieron
inmediatamente en franceses de espíritu y corazón antes de naturalizarse
oficialmente. Es un honor para Francia haber protegido a estos hombres y
mujeres cuyos caminos de vida hoy nos enorgullecen a todos. Admiramos a todos
esos jóvenes -por no decir a esos niños- que tuvieron el extraordinario coraje
de resistir y luchar contra la feroz dictadura de Augusto Pinochet, arriesgando
sus vidas y su libertad, sacrificando su juventud, su vida familiar y sus
estudios.
“Ricardo Palma Salamanca y
Silvia Brzovic son dos de ellos. Como tantos otros luchadores por la libertad,
su compromiso político en contra de la junta militar nació del rechazo de la
opresión a su pueblo y del sufrimiento que este régimen les ha causado. La
tortura de un padre, de un hermano o de una hermana, la violación de otro, el
exilio de un pariente forzado por el temor de que ocurriera lo peor, el
encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato, llenaron sus almas de
adolescentes con la rabia que los liberaría del miedo. Animados por tal ira, su
lucha política no pudo terminar con el inicio de la transición democrática el
11 de marzo de 1990.
“Si bien el General Pinochet
ya no era oficialmente el Jefe de Estado chileno a partir de esa fecha, el
nuevo régimen permaneció basado en un texto constitucional adoptado en 1980
bajo su autoridad que le confió, como Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, un papel central en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le
permitió intervenir en la vida política de Chile y mantener el control sobre
todas las instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares del
país. Como prueba de esta situación, basta recordar la feroz oposición de todas
las autoridades políticas chilenas a la extradición de Pinochet en 1998,
exigida por los tribunales españoles para que rindiera cuentas por muchos de
los crímenes cometidos bajo su mandato. Finalmente, Augusto Pinochet,
beneficiado por la benevolencia culpable de las autoridades chilenas, murió
tranquilamente en Chile sin haber sido condenado y ni siquiera juzgado.
“Por el contrario, los que se
resistieron a su régimen, Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, han sido
perseguidos implacablemente durante más de 25 años y hasta la fecha de hoy.
¿Cómo es posible que un Estado supuestamente democrático haya requiera a una persona -Silvia Brzovic- durante tanto tiempo, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo puede entenderse que un Estado supuestamente democrático pueda solicitar la ejecución de una sentencia dictada en condiciones inaceptables y sobre la base de la legislación antiterrorista adoptada en 1984 por un régimen dictatorial? Además, ¿cómo podemos entender que tal ley, que ha sido duramente criticada por las ONG, pueda seguir aún en vigor? Ricardo Palma Salamanca fue detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua en condiciones claramente contrarias al derecho a un juicio justo y tras confesiones obtenidas bajo tortura, en aplicación de la ley adoptada por la junta militar para luchar contra sus opositores políticos. Esta sentencia fue pronunciada por un juez único, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI, partido de Augusto Pinochet fundado por Jaime Guzmán, sobre la base, de que Ricardo Palma Salamanca participó en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo curriculum vitae bajo el régimen de Pinochet es comparable al de Philippe Henriot (Colaborador Nazi) bajo el régimen de Vichy.
¿Cómo es posible que un Estado supuestamente democrático haya requiera a una persona -Silvia Brzovic- durante tanto tiempo, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo puede entenderse que un Estado supuestamente democrático pueda solicitar la ejecución de una sentencia dictada en condiciones inaceptables y sobre la base de la legislación antiterrorista adoptada en 1984 por un régimen dictatorial? Además, ¿cómo podemos entender que tal ley, que ha sido duramente criticada por las ONG, pueda seguir aún en vigor? Ricardo Palma Salamanca fue detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua en condiciones claramente contrarias al derecho a un juicio justo y tras confesiones obtenidas bajo tortura, en aplicación de la ley adoptada por la junta militar para luchar contra sus opositores políticos. Esta sentencia fue pronunciada por un juez único, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI, partido de Augusto Pinochet fundado por Jaime Guzmán, sobre la base, de que Ricardo Palma Salamanca participó en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo curriculum vitae bajo el régimen de Pinochet es comparable al de Philippe Henriot (Colaborador Nazi) bajo el régimen de Vichy.
“Jaime Guzmán fue miembro
fundador, en 1970, del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad,
cuyos crímenes ensangrentaron al régimen del Presidente Allende, ideólogo de la
junta militar vinculada a la secta nazi Colonia Dignidad y autor de la Constitución
de 1980. Jaime Guzmán fue actor protagonista de la dictadura. Hacía parte de su
núcleo fascista ¿Cómo puede entonces un Estado supuestamente democrático erigir
un monumento en Santiago en memoria y honor de este sórdido personaje, y seguir
persiguiendo a Ricardo Palma Salamanca?
“Mientras los torturadores de
la junta militar vivían o viven pacíficamente en Chile, las autoridades
políticas chilenas persisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo
Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo por luchar contra el
sangriento régimen de Pinochet y piden simplemente justicia para todos los que
sufrieron durante este período. Se trata de un residuo de la dictadura en el
cual Francia no puede participar. Ninguna autoridad francesa puede aceptar
colaborar en la ejecución de decisiones administrativas y judiciales inicuas,
adoptadas a partir de torturas y graves violaciones de los derechos humanos, ni
comprometerse a aportar su contribución a la defensa de la memoria del fascista
Jaime Guzmán.
“Por el contrario, Francia
debe firmemente y obstinadamente preservar sus principios acogiendo, como le
obliga su Constitución y sus compromisos internacionales, a todo hombre
perseguido por su acción en pos de la libertad. Por lo tanto, Francia debe proteger
a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic concediéndoles a ellos y a sus hijos
el estatuto de refugiados políticos. Es su honor y obligación”.
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