Recordemos que en julio de este año, un grupo de intelectuales franceses y chilenos solicitaron la protección de Ricardo Palma Salamanca y su pareja, Silvia Brzovic, en medio del proceso de extradición a nuestro país.
El texto, titulado “Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic” y fue publicado en el sitio francés Mediapart, un medio de investigación y opinión cuyo equipo formó parte del Le Monde Diplomatique. Entre los firmantes a esta solicitud se encuentran Carmen Castillo, Olivier Duhamel, Louis Joinet, Alain Touraine y Costa-Gavras.
Revisa a continuación la traducción del texto completo:
Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic
“Desde 1973, Francia es tierra de asilo para los opositores políticos al régimen de Pinochet. Recibidos con los brazos abiertos por Valéry Giscard d’Estaing y luego por François Mitterrand, ambos particularmente sensibles a la funesta suerte reservada a los que se habían comprometido junto al Presidente Salvador Allende y más ampliamente, a los demócratas hostiles a la junta militar, muchos fueron los chilenos que durante sus mandatos encontraron refugio en Francia, se establecieron, fundaron familia y se construyeron un futuro.
Muchos se convirtieron inmediatamente en franceses de espíritu y corazón antes de naturalizarse oficialmente. Es un honor para Francia haber protegido a estos hombres y mujeres cuyos caminos de vida hoy nos enorgullecen a todos. Admiramos a todos esos jóvenes -por no decir a esos niños- que tuvieron el extraordinario coraje de resistir y luchar contra la feroz dictadura de Augusto Pinochet, arriesgando sus vidas y su libertad, sacrificando su juventud, su vida familiar y sus estudios.
Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic son dos de ellos. Como tantos otros luchadores por la libertad, su compromiso político en contra de la junta militar nació del rechazo de la opresión a su pueblo y del sufrimiento que este régimen les ha causado. La tortura de un padre, de un hermano o de una hermana, la violación de otro, el exilio de un pariente forzado por el temor de que ocurriera lo peor, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato, llenaron sus almas de adolescentes con la rabia que los liberaría del miedo. Animados por tal ira, su lucha política no pudo terminar con el inicio de la transición democrática el 11 de marzo de 1990.
Si bien el General Pinochet ya no era oficialmente el Jefe de Estado chileno a partir de esa fecha, el nuevo régimen permaneció basado en un texto constitucional adoptado en 1980 bajo su autoridad que le confió, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, un papel central en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que le permitió intervenir en la vida política de Chile y mantener el control sobre todas las instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares del país.
Como prueba de esta situación, basta recordar la feroz oposición de todas las autoridades políticas chilenas a la extradición de Pinochet en 1998, exigida por los tribunales españoles para que rindiera cuentas por muchos de los crímenes cometidos bajo su mandato. Finalmente, Augusto Pinochet, beneficiado por la benevolencia culpable de las autoridades chilenas, murió tranquilamente en Chile sin haber sido condenado y ni siquiera juzgado.
Por el contrario, los que se resistieron a su régimen, Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, han sido perseguidos implacablemente durante más de 25 años y hasta la fecha de hoy.
¿Cómo es posible que un Estado supuestamente democrático haya requiera a una persona -Silvia Brzovic- durante tanto tiempo, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo puede entenderse que un Estado supuestamente democrático pueda solicitar la ejecución de una sentencia dictada en condiciones inaceptables y sobre la base de la legislación antiterrorista adoptada en 1984 por un régimen dictatorial?
Además, ¿cómo podemos entender que tal ley, que ha sido duramente criticada por las ONG, pueda seguir aún en vigor? Ricardo Palma Salamanca fue detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua en condiciones claramente contrarias al derecho a un juicio justo y tras confesiones obtenidas bajo tortura, en aplicación de la ley adoptada por la junta militar para luchar contra sus opositores políticos.
Esta sentencia fue pronunciada por un juez único, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI, partido de Augusto Pinochet fundado por Jaime Guzmán, sobre la base, de que Ricardo Palma Salamanca participó en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo curriculum vitae bajo el régimen de Pinochet es comparable al de Philippe Henriot (Colaborador Nazi) bajo el régimen de Vichy.
Jaime Guzmán fue miembro fundador, en 1970, del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos crímenes ensangrentaron al régimen del Presidente Allende, ideólogo de la junta militar vinculada a la secta nazi Colonia Dignidad y autor de la Constitución de 1980. Jaime Guzmán fue actor protagonista de la dictadura. Hacía parte de su núcleo fascista. ¿Cómo puede entonces un Estado supuestamente democrático erigir un monumento en Santiago en memoria y honor de este sórdido personaje, y seguir persiguiendo a Ricardo Palma Salamanca?
Mientras los torturadores de la junta militar vivían o viven pacíficamente en Chile, las autoridades políticas chilenas persisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo por luchar contra el sangriento régimen de Pinochet y piden simplemente justicia para todos los que sufrieron durante este período. Se trata de un residuo de la dictadura en el cual Francia no puede participar.
Ninguna autoridad francesa puede aceptar colaborar en la ejecución de decisiones administrativas y judiciales inicuas, adoptadas a partir de torturas y graves violaciones de los derechos humanos, ni comprometerse a aportar su contribución a la defensa de la memoria del fascista Jaime Guzmán.
Por el contrario, Francia debe firmemente y obstinadamente preservar sus principios acogiendo, como le obliga su Constitución y sus compromisos internacionales, a todo hombre perseguido por su acción en pos de la libertad. Por lo tanto, Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic concediéndoles a ellos y a sus hijos el estatuto de refugiados políticos. Es su honor y obligación”.
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